De enero a junio de 2017, la Comisión de Derechos Humanos (CDH) de Puebla emitió cinco recomendaciones a autoridades estatales y municipales, lo que representa el 25 por ciento más en comparación con el mismo periodo del año pasado cuando fueron cuatro.
Es la Fiscalía General del Estado (FGE) a la que más se mandan estos documentos, ya que de las cinco tres fueron para este organismo –-dos cumplidas y una trámite-– lo que representa el 60 por ciento del total, de acuerdo con la página oficial de la CDH.
Las otras dos se repartieron una para el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla (Issstep) –parcialmente complida– y la otra para la Secretaría de Salud (SS) que está cumplida.
En el caso de los derechos humanos presuntamente violentados en el primer semestre de este año fueron seguridad jurídica, integridad, seguridad personal y derecho a la salud; los tres primeros con el 28.57 por ciento cada uno y el último representó el 14.28 por ciento.
En ese mismo periodo, pero de 2016, las cuatro recomendaciones que se emitieron fueron dos para la FGE, una para el ayuntamiento de Puebla y otra para el de San Andrés Cholula, de las que tres están cumplidas y una aparece parcialmente cumplida por presuntas violaciones a seguridad jurídica, seguridad personal y legalidad.
Conciliaciones bajan en 57.1%
En contraste, las conciliaciones emitidas por la CDH en los primeros seis meses de este año bajaron en 57.1 por ciento comparado con 2016, ya que pasaron de 14 a ocho, de las que cuatro están cumplidas y las otras cuatro, de acuerdo con la página, tienen el estatus de en trámite.
De esta cifra, cuatro fueron para autoridades estatales, de las que la FGE fue el organismo que más notificaron, ya que recibió dos, mientras que para el Tribunal de Arbitraje fue una y otra para al Colegio de Bachilleres del Estado de Puebla (Cobaep).
En tanto, los ayuntamientos de San Gabriel Chilac, Tecamachalco, Puebla y Palmar de Bravo recibieron una cada uno.
Los derechos humanos presuntamente violentados fueron, al igual que en las recomendaciones, seguridad jurídica el más alto con el 53.84 por ciento, legalidad con el 30. 76 por ciento y trato digno con el 15.38 por ciento.
Mientras que de enero a junio del año pasado las 14 conciliaciones que aparecen con el estatus de cumplidas, se repartieron en tres para la FGE, tres para el ayuntamiento de Huauchinango, en tanto, para la SS y las comunas de Huehuetlán El Chico, Tehuacán, San Miguel Ixitlán, Izúcar de Matamoros, Chiautla de Tapia, San Nicolás Buenos Aires y Teziutlán fueron una para cada uno.
En este último rubro las presuntas violaciones a las garantías individuales fueron seguridad jurídica con el 50 por ciento, legalidad con el 30.7 por ciento y trato digno con el 19.2 por ciento.
Cabe mencionar que, durante los primeros seis meses de este año, el organismo a cargo de Adolfo López Badillo recibió 3 mil 525 solicitudes de intervención, de las que sólo 722 se catalogaron como quejas por presuntas violaciones a derechos humanos, es decir el 20.4 por ciento.
