La SCJN declaró constitucional que los comités del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) establezcan los formatos de las declaraciones patrimoniales y de intereses de servidores públicos y que estos puedan reservarse datos en situaciones de riesgo.
El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló este martes, por seis votos a favor y cuatro en contra, el proyecto del ministro José Ramón Cossío, quien, en la sesión del lunes, propuso validar el artículo 29 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos (“Ley 3 de 3”).
De acuerdo con dicho artículo, el Comité Coordinador del SNA, siguiendo las recomendaciones del Comité de Participación Ciudadana, está facultado para normar la manera en que los funcionarios deben presentar las declaraciones establecidas por la llamada “Ley 3 de 3”.
Asimismo, señala que tales documentos deberán ser “públicos” excepto en los casos en se involucre la vida privada de los servidores públicos o se ponga en peligro su integridad.
Con esta decisión, la SCJN despejó las dudas planteadas en la sesión del lunes sobre las facultades del SNA, integrado por seis órganos autónomos y la Secretaría de la Función Pública, para emitir normar las declaraciones patrimoniales, lo cual, de acuerdo con algunos ministros, es tarea del Congreso de la Unión.
Editado por Luis Alberto Palacios