El Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) denunció el retraso en la instalación de los sistemas estatales e interpuso dos amparos con el fin presionar a los Congresos locales para que homologuen sus leyes en la materia.
Así lo informaron este martes, en conferencia de prensa, los cinco integrantes de dicho órgano, quienes acusaron que la mayoría de las entidades federativas no cumplió con el plazo para poner en funcionamiento su sistema anticorrupción, lo que debía ocurrir a más tardar un año después de la publicación de la ley general, que se hizo el 18 de julio de 2016.
Explicaron que el primer juicio de amparo, turnado al juzgado cuarto de distrito en Materia Administrativa, en la Ciudad de México, señala que entidades como Chihuahua y Veracruz “ni siquiera” han cumplido con la reforma a su Constitución local, en tanto que Baja california, Tlaxcala y Ciudad de México incumplieron con la promulgación de su ley local anticorrupción.
El segundo juicio, turnado al juzgado Décimo Sexto en Materia Administrativa, en la misma entidad, va contra leyes locales de responsabilidades administrativas que no están homologadas con la Ley General de Responsabilidades Administrativas (3 de 3), lo cual “genera incertidumbre jurídica”.
Opinan que comité debería tener más “dientes”
Al justificar dichos recursos, Luis Manuel Pérez de Acha, integrante del comité, remarcó que no se trata de “una facultad, atribución o posibilidad” otorgada por la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, sino que es “una vía institucional que nos proporciona la Constitución”.
Sin embargo, ante el hecho de que el órgano ciudadano “sólo puede presentar mociones” y “recomendaciones” en contra del incumplimiento de los Congresos estatales, enfatizó que “la ciudadanía está consciente de que nos faltan dientes”.
El pasado 18 de julio, trascendió que sólo Sonora, Querétaro, Morelos y Estado de México habían realizado las fases necesarias para implementar sus respectivos sistemas anticorrupción: los nombramientos del fiscal anticorrupción y de los magistrados de Tribunal de Justicia Administrativa local, las reformas y adecuaciones necesarias para implementar las leyes federales anticorrupción y de responsabilidades administrativas.
Fuentes: El Financiero, Reforma
Editado por Luis Alberto Palacios