La Red Nacional “Todos los derechos para todos y todas” señaló que los asesinatos de 4 militares y 6 civiles en Palmarito Tochapan, Puebla, muestran que el Estado debe descartar la ley de Seguridad Interior y fortalecer a las policías estatales.
Este colectivo, conformado por 80 organizaciones de 21 estados del país, planteó que, de aprobarse dicha legislación, continuará el “uso desmedido de la fuerza letal” y “otras graves violaciones de derechos humanos”, como las “ejecuciones extrajudiciales” ocurridas en Tlatlaya y Palmarito.
En un comunicado, difundido en la página de la organización, argumentó que la militarización del país no es la solución a la crisis de inseguridad actual, ya que las actividades de seguridad pública no son propias de los elementos castrenses.
Al respecto, destacó que, entre diciembre de 2006 y abril de 2017, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha emitido 45 recomendaciones a las Fuerzas Armadas sobre casos de ejecuciones extrajudiciales.
Piden un nuevo modelo de seguridad
Por lo anterior, llamó a los legisladores —en especial a la senadora María Cristina Díaz Salazar, presidenta de la Comisión de la Gobernación, al diputado Jorge Ramos Hernández, presidente de la Comisión de Seguridad Pública, y a los integrantes de la Junta de Coordinación Política— a dejar de lado la propuesta de Seguridad Interior para discutir un nuevo modelo de seguridad ciudadana.
Dicho modelo –indicaron— tendría que considerar la capacitación de policías estatales, el combate a la impunidad con la que operan criminales y funcionarios coludidos con ellos, así como la incorporación de organizaciones civiles en tareas de seguridad pública.
En referencia a los videos que muestran tanto la ejecución de un hombre sometido como la de un militar, sostuvieron que ninguno de los dos casos tiene justificación legal ni moral, y demandaron a la Procuraduría General de la República (PGR) “una investigación pronta y expedita para aclarar los hechos”.
Algunas de las organizaciones que conforman la Red son el Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, A. C., el Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, A. C., el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuria,S.J., de Universidad Iberoamericana de Puebla, y Católicas por el Derecho a Decidir, A.C.
Este pronunciamiento también fue firmado por el colectivo #SeguridadSinGuerra, el cual realizó una colecta de firmas el pasado mes de abril para pedir la anulación del proyecto del ley de Seguridad Interior, por considerar que viola lo establecido en el artículo 21 de la Constitución.
