La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) concedió a las comisiones de derechos humanos la facultad para que puedan admitir quejas en contra de servidores públicos del poder Judicial, siempre y cuando sean actos administrativos.
La mediad fue avalada por nueve ministros en la sesión del pasado jueves y se otorgó la responsabilidad de que los ombudsman locales conozcan de violaciones administrativas cometidas por funcionarios.
Bajo ese contexto, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), así como los organismos locales, podrán admitir quejas en contra de servidores públicos del poder Judicial siempre y cuando las denuncias sean de corte administrativo.
Lo anterior debido a que la CNDH promovió la acción de inconstitucionalidad 8/2017 contra el artículo 98, segundo párrafo de la Constitución de Chiapas, pues impedía que la CNDH conociera de actos u omisiones administrativas cometidas por el poder Judicial del Estado y esta se eliminó.
Además, impugnó el artículo 77 Bis, párrafo primero de la Constitución Política de Sinaloa, por considerar que atenta al acceso al sistema de protección no jurisdiccional de derechos humanos, pues limitaba la defensa de los ciudadanos.
