Con el argumento de seguridad nacional, Pemex y la Secretaría de Energía niegan el acceso público a la información sobre la infraestructura de ductos en el país, aun cuando es relevante, para la protección civil y la conservación ambiental.
Así lo reveló el estudio “Ductos, ¿por dónde circulan los hidrocarburos en México?” elaborado por Cartocrítica y la Fundación Heinrich Böll Stiftung.
El reporte señaló que datos como si ductos de hidrocarburos cruzan por áreas naturales protegidas, si se respetan los derechos de vía o si representan riesgos para la salud, los ecosistemas o las comunidades, no es información que se encuentre disponible, ya que tras la reforma constitucional en materia energética y leyes secundarias, se ha dificultado aún más el acceso.
El análisis identificó 6 mil 777 proyectos de ductos, cuya longitud es de 68 mil 843.15 kilómetros. El 94 por ciento son ductos terrestres, mientras que 3 mil 973.8 kilómetros están en el Golfo de México, frente a Campeche, Tabasco, Veracruz y Tamaulipas; y 21.5 kilómetros están en el Océano Pacífico frente Baja California.
El principal constructor de ductos a lo largo del país ha sido Petróleos Mexicanos (Pemex), aunque la Comisión Federal de Electricidad (CFE) es también una importante constructora de los mismos, también están los ductos de las comercializadoras de gas natural que atraviesan ciudades enteras, así como los construidos por y para el servicio de grandes usuarios industriales.
Sin datos de riesgos, fugas e incidentes
El documentó indicó que a diferencia de otras instalaciones industriales peligrosas, los ductos no están dentro de un complejo industrial con características de seguridad; por el contrario, se despliegan a lo largo y ancho de tierras propiedad de terceros, entre ciudades y carreteras, o en tierras agrícolas, ríos y parajes naturales, incluyendo propiedades privadas, núcleos agrarios, áreas naturales protegidas y territorios indígenas.
Por lo que, en caso de fuga de hidrocarburos, el riesgo de derrames, contaminación y explosiones es sumamente alto, con rangos que van desde los 20 metros para los ductos de diámetro pequeño, hasta más de 300 metros para los grandes ductos o de alta presión.
Reiteró que el acceso a la información de la infraestructura se encuentra sumida en la opacidad. La ubicación de los ductos, su antigüedad, bitácoras de mantenimiento, riesgos, fugas e incidentes, se mantienen resguardadas con recelo.
La iniciativa civil concluyó que lo anterior dificulta la protección civil e imposibilita los estudios para cuantificar impactos y riesgos sociales o ambientales, entorpece la disponibilidad previa de información para consultas públicas lo que es un obstáculo para la participación ciudadana.
Cabe recordar que entre 2013 y 2017, Puebla acumuló mil 990 averiguaciones previas y carpetas de investigación por presunta sustracción de hidrocarburos.