El Partido del Trabajo (PT) aseguró que el gobierno de Nuevo León, mediante su Secretaría de Educación, permitió a María Guadalupe Rodríguez Martínez, esposa de su líder nacional, el manejo de los 100 millones de pesos presuntamente desviados a cuentas privadas.
Lo anterior, mediante un comunicado de prensa, donde afirma que el titular de dicha dependencia, Arturo Estrada Camargo, reconoció “ante legisladores locales” que, desde 2010, “existe un acuerdo entre la Asociación Civil Tierra y Libertad y el Gobierno de Nuevo León”, cuyas cláusulas señalan que Rodríguez Martínez “tiene derecho a manejar los recursos materiales, humanos, financieros y presupuestales” destinados a centros infantiles en dicho estado.
Indica que la también directora de Centros de Desarrollo Infantil (Cendis) en el estado “tiene la obligación de presentar informes ante la SEP de Nuevo León”, y esta dependencia local tiene que presentarlos, a su vez, ante la SEP federal, lo cual –afirma— se ha hecho a tiempo.
Y respecto al supuesto desvío de dicho monto a un fondo de inversión y cuentas bancarias privadas, entre el 2 febrero y el 13 de junio pasado, expone que la Tesorería estatal fue la encargada de autorizar dicha transacción, por lo que niega el presunto desvío.
Por lo anterior, el partido encabezado por Alberto Anaya Gutiérrez reiteró que “queda al descubierto la red de mentiras del gobierno federal en contra de la oposición”, que –acusa—puso en riesgo un proyecto “noble y reconocido a nivel nacional e internacional por sus altos niveles de calidad: los Cendis, las preparatorias y la Universidad “Emiliano Zapata”.
Por su parte, la Procuraduría General de la República (PGR) ordenó, el pasado 26 de octubre, detener Rodríguez Martínez por su presunta participación en una red de lavado de dinero y aseguró cuatro cuentas bancarias supuestamente vinculadas a este ilícito.
