La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) presentó en 2016, 676 denuncias ante el Ministerio Público de la Federación (MPF) la Procuraduría General de la República (PGR) por delitos ambientales y gestión ambiental.
Lo anterior, a un año de la puesta en marcha del programa de implementación del régimen constitucional de responsabilidad ambiental, el cual permitió que, a través de cada inspección, se verifique la presencia de daños ambientales para, en su caso, ordenar las medidas de reparación y compensación correspondientes.
Asimismo, la institución fue facultada para demandar ante los jueces federales la imposición de multas de hasta 40 millones de pesos y la imposición del embargo de bienes y recursos financieros para garantizar la tutela del medio ambiente.
Por ello, pudo promover dos acciones judiciales de responsabilidad ambiental con las que se demandó la imposición de multas de hasta 40 millones de pesos y la orden de reparación del daño además de la implementación de un protocolo para combatir los delitos contra el medio ambiente, y otras acciones de prevención.
