Luis Raúl González Pérez, presidente de la CNDH, acusó que la desaparición de personas en México, cometida por particulares y autoridades, “no ha sido erradicada” y exigió una ley general que distinga los tipos de este delito y los sancione justamente.
Así lo expresó durante su intervención participar en el Foro sobre Desaparición Forzada “Contra el dolor y el miedo: un grito de esperanza”, donde denunció que el Estado mexicano no ha respondido a la exigencia ciudadana para implementar una legislación que “distinga la desaparición forzada de la cometida por particulares” para acabar con las “inconsistencias” entre ambos tipos.
En este sentido, remarcó la “utilización indistinta de conceptos para referirse a personas cuyo paradero se desconoce” y la ausencia de un registro de casos que distinga desaparición forzada, por particulares y por grupos de la delincuencia organizada, así como de personas cuyo paradero se desconoce por causas distintas.
Ante esta situación, que –afirmó– ha sido uno de los factores causantes del incremento de dicho ilícito a nivel nacional, pidió “respetuosamente” al Poder Legislativo Federal que apruebe dicha ley en su siguiente periodo de sesiones y llamó a los gobiernos federal y estatales a encarar el reto de hacerla efectiva.
Acusa faltas en tres niveles de gobierno
Señaló que, además de las leyes federales y locales en la materia, faltan investigaciones ministeriales homogéneas para la localización de personas, equipos profesionales para búsqueda, así como coordinación entre autoridades federales, estatales y municipales para prevenir, perseguir y sancionar este delito, lo cual se suma a la escasa capacitación de servidores públicos.
Asimismo, refirió que el antecedente de las desapariciones forzadas durante las décadas de los 70 y 80 del siglo pasado, acreditadas por la CNDH en la Recomendación 26/2001, demuestran que la impunidad en esos casos ha generado condiciones para que sigan ocurriendo.
Demanda oficina especial para caso Iguala
Al referirse a la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, anunció que la CNDH prepara una solicitud para la creación de la Oficina Especial para el Caso Iguala, con el objetivo de que el asunto tenga atención prioritaria por parte del Estado.
Advirtió que, de 57 propuestas y observaciones presentadas en el sexenio de Enrique Peña Nieto, al 22 de septiembre de 2016 sólo 8 pueden considerarse totalmente atendidas, 33 están en vías de atención y 16 tienen estatus de no atendidas.
Además, al 30 de septiembre de 2016, la CNDH documentó la existencia de 855 fosas clandestinas, de las que fueron exhumados 1,548 cadáveres y 35,958 restos humanos, como lo dio a conocer el pasado 6 de abril en su informe sobre desaparición de personas y fosas clandestinas en México.
