En consonancia con la tendencia mundial de recuperar la gestión pública del agua, la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México aprobó una reforma que prohíbe privatizarla, mientras en Puebla se concesionó el servicio por 60 años.
Con la aprobación de los fragmentos del Artículo 21 de la Constitución de la Ciudad de México, se prohíbe la privatización de los servicios públicos de potabilización, distribución, abasto de agua y drenaje.
Los servicios serán prestados por el gobierno de la ciudad a través de un organismo público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con autonomía técnica y de gestión, es decir, un ente descentralizado.
La aprobación se logró después de un día entero de debates entre los diferentes grupos parlamentarios, con lo que además el gobierno de la ciudad deberá establecer tarifas diferenciadas y progresivas de acuerdo con el consumo de agua.
Reforman ley para concesionar
Mientras, en el caso de Puebla, fue en mayo de 2014, cuando la administración, encabezada por Rafael Moreno Valle, entregó al consorcio Concesiones Integrales, conocida comercialmente como “Agua de Puebla”, el contrato para otorgar, de acuerdo a lo que se ha dado a conocer, por 60 años los servicios que hasta esa fecha estaban a cargo del Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla (Soapap).
Asimismo, la nueva legislación de la Ciudad de México prohíbe la privatización y concesión de los servicios públicos de recolección y tratamiento de residuos sólidos, las cuales serán prestadas de manera exclusiva por las autoridades de la ciudad, quienes también deberán de prestar de forma exclusiva y gratuita los servicios de barrido, transportación y destino final.
Finalmente, el gobierno de la ciudad, de acuerdo con la ley, impedirá la ocupación privada de los espacios públicos, vías de circulación y áreas no urbanizables.
Cabe mencionar que en el caso de Puebla, para que el contrato pudiera realizarse se hizo una reforma a la Ley del Agua de la entidad, lo que permitió cambiar la estructura tarifaria a fin de que la empresa pudiera cobrar de acuerdo con el consumo del vital líquido que registrara cada toma.
