Tras la comparecencia del delegado de Tláhuac, Rigoberto Salgado Arroyo, ante la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, el pasado 2 de agosto; la Comisión de Gobierno de esta soberanía solicitó formalmente la remoción del funcionario, acusado de nexos con narcotraficantes.
En el documento dirigido al presidente de la Comisión Jurisdiccional, Jesús Armando Velarde Campa, con fecha del 3 de agosto, se sostiene que, con base en el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal y la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa, hay “elementos suficientes” para iniciar el procedimiento de destitución.
Lo anterior sucede luego de que, ante el congreso local, el mandatario morenista sostuvo que las acusaciones en su contra, principalmente por contratar en su administración a familiares de Felipe de Jesús Pérez, “El Ojos” –líder del Cartel de Tláhuac–, están basadas en situaciones “descontextualizadas” y son un intento de “linchamiento político”.
Asimismo, remarcó que el avance del crimen organizado en la demarcación fue denunciado en 23 oficios dirigidos por su gobierno al jefe de gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera Espinosa, sin obtener una respuesta adecuada, y retó a quienes lo incriminan a presentar pruebas ante la Procuraduría General de Justicia (PGJ) de la entidad.
No obstante, durante la ronda de réplicas al discurso del delegado, el diputado local Iván Texta Solís, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), pidió a dichas comisiones tramitar su destitución, pues consideró que el mandatario local perdió el “respaldo” y la “credibilidad” de sus gobernados.
Fuente: Excélsior
