En San Andrés Cholula, denunciaron tener adeudos de 130 mil pesos con Concesiones Integrales, pese a que no solicitaron los servicios de agua potable; le pidieron al edil Leoncio Paisano Arias revisar la operación de dicha empresa en el municipio.
Lo anterior dio a conocer Juan Carlos Flores Solís, uno de los representantes de los inconformes, quien explicó que los pobladores cuentan con pozos por lo que “nunca han utilizado el servicio”, pero en la ley se estipula que por el “solo hecho de que una tubería pase por tu casa” se les obliga a pagar por el vital líquido.
Explicó que ello fue lo que comentaron en la reunión que sostuvieron con Paisano Arias el pasado jueves en la presidencia municipal, donde además de acordar que no se obligará a conectarse y pagar a personas que no quieran el servicio ni se clausurarán los pozos artesanales, también se le pidió al edil que revise el convenio con Agua de Puebla –Concesiones Integrales—.
“Hay otro acuerdo que no se mencionó en el comunicado oficial y se firmó, donde se va a revisar el convenio con Agua de Puebla para el territorio de San Andrés Cholula, con el fin de que el municipio recupere la administración”.
Con respecto a los adeudos, están preocupados porque la ley señala que aunque no se solicite el servicio, si la tubería pasa por las casas, tendrán que pagarlo, lo cual –reiteró— ha generado cobros mayores a 100 mil pesos, lo cual “es injusto”.
Flores Solís indicó que al menos les han llegado cinco casos de este tipo, cerca de la Udlap y de la Radial Zapata.
Los inconformes mostraron a Ángulo 7 uno de los recibos donde se le cobra 137 mil 203 pesos, de los cuales, el último cobro es por 575.15 pesos, que se dividen por agua, 371.12, drenaje, 111.34 y de saneamiento, 92.69 pesos.
Cabe mencionar que el drenaje se refiere a las tuberías por las que pasan los desechos de las viviendas, mientras que saneamiento es para el tratado de las aguas residuales; no obstante en este último punto, Concesiones Integrales ha sido criticada por no hacerlo de manera correcta.
Asimismo, la ley estipula que los servicios públicos sólo se pueden cobrar hasta por cinco años fiscales, por lo que los montos mayores a 100 mil pesos son excesivos.
