La ley general impulsada en el 2014 para proteger los derechos de la niñez es ambiciosa pero seguirá tardando en implementarse, señaló Christian Skoog, representante de Unicef en México, quien agregó que aún hay pendientes, por ejemplo, la calidad en las escuelas.
De visita en San Pedro Cholula, para ser parte de un foro de jubilados, el representante de este organismo internacional habló en torno a los desafíos que existen para mejorar la calidad de los niños y las niñas en México; insistió que la ley presentada contempla todas las estructuras y situaciones por violencia, pero tardará mucho en implementarse.
En ese sentido, destacó que el principal problema que existe es la gran violencia en contra de la niñez, no sólo por la serie de homicidios que se registran en el país, sino porque se confunden disciplina con maltrato.
“Hablo de violencia en casa, de dos a tres niños sufren violencia como forma de disciplina en la casa y esto no debe ser la manera de relacionarse entre la gente, ni de educar, ellos necesitan de un espacio seguro de amor y no de violencia, que puede ejercer consecuencias graves”, explicó.
Agregó que se trabaja para que más de 40 millones de niños accedan a las políticas públicas en su beneficio y aunque se ha hecho mucho no ha sido suficiente.
Otros desafíos
“En educación se ha logrado tener un acceso casi universal a la escuela, pero no a la calidad necesaria; tan sólo 4 de 100 niños indígenas tienen el conocimiento básico que necesitan pero falta mucho para mejorar la calidad de educación”
Puntualizó que un gran desafío será en la migración con hijos de mexicanos retornados, niños que viajan sin compañía, centroamericanos huyendo de la violencia y donde no se asegura la protección de los infantes ni el acceso a los servicios de salud.
Cabe mencionar que la discusión y aprobación de dicha ley tardó tres meses y planteó tres rubros: reconoce a los niños, niñas y adolescentes como titulares de derechos con medidas de protección a niños con discapacidad, para lo que se planeó la transición hacia un Sistema Nacional de Protección Integral, creando a nivel estatal procuradurías de protección para asegurar el cumplimiento del respeto a los derechos.
En tercer lugar, fortalece la colaboración y coordinación con organismos autónomos.
