Reyna Morales Guerrero, esposa de Miguel Flores Abasolo, militante del PRD en Cuetzalan y asesinado en mayo, acusó que a ocho meses del homicidio, la Fiscalía General del Estado (FGE) no ha mostrado avances en la investigación del caso.
En rueda de prensa, acompañado de los miembros de la Red de Defensa de Derechos Humanos (Reddh), del Centro de Asesorías para Mujeres y el Consejo Tiyat Tlali, señaló que la última vez que acudió a la FGE fue el 9 de diciembre de 2016, pero no le proporcionaron mayor información.
Por lo anterior, exigió al titular de ese organismo autónomo, Víctor Carrancá Bourget, que se dé con los responsables del asesinato de su esposo, ya que –dijo– hasta el momento se desconoce quiénes fueron y el porqué lo hicieron.
“Lo único que pido es que se haga justicia por el asesinato de mi esposo, lo último que nos dijeron es que se está investigando, no es justo que pase todo esto, él era un hombre trabajador y no se sabe por qué lo hicieron”, pronunció.
Cabe mencionar que el 5 de mayo del año pasado, el cuerpo de Flores Abasolo de 44 años de edad, quien fungía como coordinador de promoción al voto del distrito local IV, con cabecera en Zacapoaxtla, en el Partido de la Revolución Democrática (PRD) fue encontrado sin vida en el Barrio de Chilcuautla de San Miguel Tzinacapan, municipio de Cuetzalan.
Dicho hecho se dio en el proceso electoral para la renovación de la gubernatura de Puebla y, en su momento, la FGE informó que el móvil del homicidio fue de tipo personal, sin embargo, hasta la fecha no ha esclarecido el caso.
Crece inseguridad, señalan
Por otra parte, Daniel Otero, el Consejo Tiyat Tlali, acusó que el gobierno, “a través de grupos paramilitares”, está tratando de “imponer miedo” a las poblaciones indígenas de esa zona del estado por oponerse a que los despojen de sus territorios.
Aseveró que en las últimas semanas han incrementado la delincuencia en dicha zona del estado, pues se está “haciendo común, los delitos con armas de uso exclusivo del ejército“, así como actos de intimidación a la comunidad por manifestar su rechazo a los proyectos que atentan contra sus recursos naturales.
En ese sentido, Verónica Rivas de la Cruz, del Centro de Asesorías para Mujeres, indicó que de acuerdo con el Comité de Ordenamiento Territorial Integral de Cuetzalan (Cotic), en los 3 años de la gestión del alcalde Óscar Paula Cruz, en dicho municipio se han registrado más de 60 robos a casa habitación, seis a tiendas Diconsa, nueve a escuelas, dos a templos y cinco a cooperativas de ahorro, uno de ellos con secuestro.
Así como seis atracos del dinero de Prospera; cuatro a cobradores de luz; uno a la presidencia auxiliar de Yohualichan; otro al palacio municipal; 13 asaltos a vehículos repartidores de mercancías; 25 asaltos al transporte público, 10 de estos a mano armada y 16 homicidios cometidos en caminos y automóviles.
Hasta 120 casos de violencia contra la mujer
Agregó que, cifras del Centro de Asesoría y Desarrollo entre Mujeres (Cadem), indican que los casos de violencia extrema contra este sector es de 100 a 120 casos por año aproximadamente; mientras que la Secretaría para el Desarrollo y Empoderamiento de las Mujeres (Sedem) tiene 24 casos registrados anualmente.
Rivas de la Cruz señaló que estos hechos son una muestra de la falta de responsabilidad de los tres niveles de gobierno y calificó como una mentira que las autoridades argumentan que son propiciados por la delincuencia organizada.
“En realidad son grupos paramilitares que tienen como objetivo desarticular e inhibir procesos organizativos que defienden su territorio y que luchan por el derecho a la autodeterminación de las comunidades indígenas, impidiendo la imposición de proyectos de extracción de recursos minerales, energéticos y naturales”, pronunció.
