Frente a la situación de salud del exmandatario Alberto Fujimori, el presidente peruano Pablo Kuczynski admitió que su gobierno se encuentra “evaluando la idea” de ponerlo en libertad, lo que ha ocasionado manifestaciones y críticas hacia al actual ejecutivo.
Fujimori, presidente de Perú de 1990 a 2000, podría obtener el indulto que, de acuerdo con Human Rights Watch (HRW) sería consecuencia de un acuerdo político, pues la organización cree que es una respuesta que el poder Ejecutivo brinda a la presión ejercida por Legislativo en donde seguidores de Fujimori ostentan la mayoría.
José Miguel Vivanco, director de HRW en América, ha dicho que “el gobierno no debe comerciar con la justicia de las víctimas como parte de un pacto político” y añadió que “cualquier perdón o cualquier liberación motivada políticamente sería una bofetada en la cara de las víctimas de atrocidades en Perú y un gran retroceso para la ley del país”.
Sin embargo, Kuczynski ha dicho que no sería un indulto, sino un “perdón médico” que será determinado por un grupo de galenos, afirmación ha causado crítica entre la población y abogados porque la constitución de Perú en su artículo décimo octavo inciso 21 establece que corresponde al presidente “conceder indultos y conmutar penas” y no a un grupo de médicos.
Los especialistas en la Constitución peruana afirman que el mandatario tal vez debió confundirse en la aseveración.
Mientras que HRW aseguró que en caso que existan razones “legítimas humanitarias o de salud” para una liberación temprana, deberá aplicarse el mismo proceso que a cualquier otra persona en prisión del país sudamericano, pues sí existe un documento que habla de las condiciones de salud del detenido: el reglamento de la Comisión de Gracias Presidenciales, en su artículo tercero inciso B apartado uno, establece que existe la figura del indulto por razones humanitarias –que comprende el estado de salud–
Fraude electoral, asesinatos y desaparición forzada
Fujimori, quien se encuentra detenido desde 2009 y recibió una condena de 25 años, escapó de Perú en 2000 cuando juró un tercer periodo presidencial pero el Congreso no lo reconoció y tuvo que renunciar debido a las acusaciones de cometer fraude electoral e incapacidad moral.
El ex.-Ejecutivo fue detenido en Chile en 2005 y extraditado a Perú dos años más tarde; pero en el tiempo de su exilio fue acusado de más delitos, pues en 2001, se le señaló como responsable del asesinato de 15 personas en Lima, la desaparición forzada y muerte de nueve estudiantes y un maestro en la misma ciudad, con lo que se difundió una orden de aprehensión en su contra que fue también dirigida a la Interpol.
En ese mismo año, Amnistía Internacional (AI) redactó un reporte que comprende los diez años de gestión; dicho documento aseguró que tan sólo en el primer año de la presidencia de Fujimori, se presentaron 306 casos de desaparición forzada.
La publicación afirma que el mandatario también tuvo responsabilidad en la desaparición y muerte de 19 estudiantes en Huancayo y se presume que fueron “ejecutados extrajudicialmente” en 1992.
De 1992 y durante los próximos siete años, AI demostró que cientos de personas fueron acusadas con cargos de terrorismo negándoles el acceso a la justicia con juicios en secreto o bajo la ley marcial sin formar parte de los cuerpos armados.
ONGs advierten a Perú el porqué no dejarlo libre
El informe asevera que entre las principales víctimas de las campañas de este tipo, destacan los campesinos que habitaron la zona considerada como “Estado de emergencia” y los inconformes de la disolución del Congreso llevada a cabo por Fujimori en 1992.
Asimismo, se reconoce que durante la década en la que el expresidente estuvo en el poder, se presentaron desapariciones, ejecuciones extrajudiciales, tortura, amenazas de muerte, así como homicidios cuyos objetivos fueron defensores de derechos humanos y periodistas.
Debido a todos los cargos imputados y las evidentes violaciones a derechos humanos, la postura de Kuczynski respecto a un posible indulto ha sido también criticada al exterior de su país, ya que organizaciones defensoras de las garantías individuales, entre las que destaca HRW, advierten que Perú ha firmado la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Ese instrumento legal establece, según HRW, que “todas las normas de amnistía y el establecimiento de medidas designadas para eliminar la responsabilidad (de aquellos quienes violaron derechos humanos) son inadmisibles bajo la convención”.
La misma organización establece que lo anterior debe respetarse porque de lo contrario sería un intento de prevenir la investigación y castigo de quienes cometieron “serias” violaciones a derechos humanos como los delitos imputados a Alberto Fujimori, que dicho sea de paso, tiene una hija, Keiko Fujimori quien compitió por la presidencia en las elecciones del año pasado.