El problema de la inseguridad pública tiene que dejar de verse como simple cuestión de policías y criminales, o de los malos contra los buenos. Esta visión plana, alentada ideológica y propagandísticamente por los gobiernos de todos los niveles, hace recaer el problema en las policías: escasez, impreparación, corrupción; orillando socialmente a pensar que la causa del fenómeno puede ser localizable ahí. De este modo se obtiene la “exigencia” de organizaciones ciudadanas –algunas, a modo- para resolver el problema que se centrará en pedir a los gobiernos: más policías, capacitación (ni siquiera educación) y exámenes de control de confianza. A pesar de ello, el imparable crecimiento del fenómeno criminal y la nunca satisfecha demanda de los ciudadanos por detenerla, son convertidos en uno de los círculos viciosos en los que se asienta permanentemente la relación Estado-sociedad.
En abierta pero sospechosa paradoja el gran capital crece sin contratiempos. Su tarea de extracción de plusvalía y ganancia de las espaldas e inteligencias de la clase trabajadora, se desarrolla normalmente llegando a acumular riquezas estratosféricas en pocas manos, mientras las capas más amplias de la población rondan los linderos de la vida en pobreza, o miserable. Este tipo de capital no asediado por la inseguridad pbública requiere, para su crecimiento y desarrollo, de un tipo específico de organización social y condiciones que se los aseguren. El tipo clásico de organización de la sociedad requerida por el capital es, por supuesto, la basada en la explotación laboral del trabajo ajeno pues, mediante ella, se estructura la espina dorsal del aparato productivo social como modelo económico. Es clásico, por ser la herencia que nos dejó la conquista: despojar a los indios de su tierra, convertirlos en fuerza de trabajo para extraerle sus riquezas, y enviarlas a la metrópoli. La violencia ha sido, y sigue siendo, el argumento del modelo. Así, el capital se mantiene en reproducción.
El gran organizador de una sociedad es, claro está, el Estado. Mediante el derecho, como cuerpo de leyes obligatorias cuyo cumplimiento se respalda en la fuerza pública, se crea el orden jurídico -en su doble acepción de ordenar y acomodar- que por su obligatoriedad, distribuye a las distintas capas de la población aglutinándolas bajo las categorías jurídicas creadas en las leyes: propietario, trabajador, patrón, empresa, concesionario, accionista, arrendador, sociedad mercantil, cooperativa, franquicia, organismo público o privado, funcionario, criminal, etc.; es decir, genera un orden social establecido en el que los seres humanos jugamos alguno o varios de estos roles jurídicos que en la vida, de acuerdo con nuestras condiciones socioeconómicas, se nos presentan.
El Estado es la gran estructura burocrática y militar que sirve de instrumento para conseguir esta organización social y mantenerla como modelo pues es la condición para la dominación del capital sobre el trabajo. Es decir, representa el dominio de un sector minoritario de la población sobre la mayoría trabajadora. El sometimiento de la mayoría se asienta en la aplicación de la ley y en el uso de la fuerza pública en caso de desacato. El manejo y administración del Estado, el sentido de su acción material y política; es decir, lo que haga o deje de hacer, estarán determinados por el gobierno: federal, estatal, municipal.
En una república federada como Estados Unidos Mexicanos el decisor principal en materia de conducción del Estado, de acuerdo con su estructura constitucional, es el gobierno federal que con el orden jurídico establecido encuentra réplica de sus acciones en el local y municipal. Precisamente, son los gobiernos los encargados de crear, dentro del modelo económico, las condiciones sociales propicias para el desarrollo y crecimiento del capital. En las actuales circunstancias mundiales que plantea la globalización y la revolución tecnológica el gran capital ha demandado y requerido para su sostén, crecimiento, y niveles jamás imaginados de acumulación en poquísimas manos, de cuatro condiciones básicas para instalarse en un país: mano de obra barata, materias primas en abundancia, certeza jurídica y mercado para sus productos. Todas ellas le son satisfechas por el Estado. El gran capital ha convertido al Estado en administrador y capataz social de la fábrica y la hacienda.
Los graves problemas de convivencia social surgen cuando la relación entre baratura de mano de obra y mercado entran en abierta contradicción. Cuando el Estado aprieta de tal modo las tuercas a los trabajadores para abaratar la mano de obra –bajos salarios, reducción de prestaciones, eliminación de indemnizaciones, precarización del empleo, ausencia de justicia laboral, etc.;- se genera el problema de la contracción del mercado; es decir, cada vez hay menos personas que tengan capacidad económica para adquirir los productos y servicios que ofrecen en venta las empresas. Surge, pues, una condición adversa para el capital ya que por falta de compradores, aunque las mercancías sean baratas, no se venden en su totalidad; con ello, los capitalistas ven en riesgo sus ganancias y amenazan con irse a otros lugares. Las medidas que han ideado y puesto en práctica los gobiernos, para dar viabilidad al mercado interno y tener contentos a los capitalistas, se basan en: hacer del Estado el gran comprador de todo tipo de mercancías; ofrecer la mayor parte de la obra pública al gran capital nacional y extranjero; y, estimular la inseguridad pública como mecanismo y fuente alternos de ingreso. Estas medidas dan al mercado el impulso exigido por el capital.
La inseguridad pública es una necesidad del gran capital para seguir su fase de acumulación a costa del sufrimiento de la población y la exacción social por medios ilícitos. El sistema financiero adquirirá mayor tamaño y fortaleza como controlador de la economía nacional y la vida material de sus clientes en proporción directa a las dimensiones de la inseguridad pública. Es decisión política neoliberal de Estado y por eso el problema no radica en las policías. Es acción de gobierno, no muestra de su incapacidad.
Heroica Puebla de Zaragoza, a 11 de agosto de 2017
José Samuel Porras Rugerio
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