¿Quién protege a Lozoya?
Raymundo Riva Palacio en su columna Estrictamente Personal, publicada en El Financiero, señala que Emilio Lozoya, el director de Pemex durante la primera parte del sexenio del presidente Enrique Peña Nieto, se ha convertido en las últimas semanas en una figura estelar en el escenario de la corrupción mexicana. La investigación global sobre los sobornos en 11 naciones realizados por el gigante brasileño Odebrecht colocó a su administración en el centro de la corrupción y el foco de las pesquisas que lleva a cabo la PGR, donde ha llamado a declarar a más de una veintena de funcionarios y exfuncionarios, varios de ellos muy vinculados a él. Lozoya sostiene su total inocencia en ese y otros casos de corrupción en la empresa que dirigió.
El tema de Lozoya y su paso por Pemex es un hoyo negro. La información que ha emergido sobre actos de corrupción y su abrupta salida de la dirección de Pemex, en febrero del año pasado, sigue siendo parcial. Se ha responsabilizado de su salida al entonces secretario de Hacienda, Luis Videgaray, quien en al menos dos ocasiones le pidió al presidente Enrique Peña Nieto que lo cesara por la desorganización administrativa en Pemex y presuntos actos de corrupción. Siempre fue atajado. Incluso en la última conversación que sostuvieron ambos sobre él en diciembre de 2015, Peña Nieto le dijo que no le volviera a tocar el tema.
La salida de Lozoya se dio poco después de que el presidente realizó una visita oficial a Arabia Saudita, promovida por Lozoya en contra de la recomendación de la entonces secretaria de Relaciones Exteriores, Claudia Ruiz Massieu, por el conflicto que tenía esa nación con el gobierno de Barack Obama. Peña Nieto desoyó a la canciller, como soslayó las peticiones de Videgaray. El entonces director de Pemex tenía una relación excepcional con el presidente, a quien veía en acuerdo cuando deseaba, sin necesidad de tener que pasar por los canales formales e informales en Los Pinos, como prácticamente todo el gabinete tenía que utilizar para hablar con él.
El cese de Lozoya no fue explicado, aunque por el discurso del presidente al dar posesión a José Antonio González Anaya, obedeció a la necesidad de darle mayor eficiencia y rentabilidad, que era uno de los argumentos de Videgaray contra el exdirector. Pero Lozoya no iba a ser enviado a la nada. Finalmente no fue posible promoverlo como embajador en el Reino Unido por los datos sobre presuntos actos de corrupción en Pemex, ni tampoco le permitieron al líder del PRI, Enrique Ochoa, incorporarlo al Comité Ejecutivo Nacional. El exdirector de Pemex apesta, pero no lo suficiente como para que rinda cuentas ante el Ministerio Público por los actos de corrupción que se investigan durante su administración en la empresa.
Lozoya no está tranquilo, pero no se oculta. No habla mucho fuera de defenderse de imputaciones directas a él. Insiste en su inocencia, pero no abunda en las explicaciones que pudieran aclarar el cochinero que se dio durante su gestión. ¿Estará cubriendo Lozoya a otros funcionarios? ¿Estará pagando costos que no le pertenecen? Este tipo de preguntas se han venido haciendo de manera cada vez más constante por el blindaje jurídico que tiene el exdirector de Pemex, y que no se ve en la opinión pública. Un caso ilustrativo es la compra de dos aviones de lujo en 2014 a través de una operación de compra-venta triangulada con un intermediario con sede en Panamá.
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¡Basta ya de una democracia minoritaria!
Leo Zuckermann en su columna Juegos de poder, publicada en Excélsior, indica que en teoría, la democracia es el gobierno de las mayorías con respeto a las minorías. En la práctica, en México tenemos una democracia que produce gobiernos de minorías que enojan a las mayorías. Un sistema agotado, inestable, que requiere de dos reformas urgentes.
El domingo pasado, en el Estado de México, una coalición de cuatro partidos ganó con el 33.6% de los votos. El priista Alfredo del Mazo será el gobernador con el 66.4% de la población en su contra. Estos dos tercios, como es de esperarse, están enojados con el resultado. La candidata que quedó en segundo lugar, la morenista Delfina Gómez, alega fraude electoral. Aunque no presente pruebas, muchos se lo creerán por el simple hecho de que la mayoría votó en contra del ganador.
Lo mismo en Coahuila. Una alianza de siete partidos triunfó con el 38.9% de la votación. El priista Miguel Riquelme será gobernador con el rechazo del 61.1% de los electores quienes, como en el caso anterior, están indignados porque los gobernará un político con apoyo minoritario. Y también el que quedó en segundo lugar, el panista Guillermo Anaya, desconoce el resultado y argumenta que le hicieron trampas.
Así estamos hoy con alegatos de fraude de la izquierda y la derecha. Los únicos contentos son los priistas quienes ganaron con un escaso margen gracias a que, por un lado, fragmentaron el voto opositor y, por el otro, lograron el apoyo de partiditos para sus candidatos (al parecer muchos votantes querían sufragar en contra del desprestigiado Partido Revolucionario Institucional y paradójicamente lo hicieron por partidos, como el Verde, que apoyaban al mismo candidato priista).
Las autoridades electorales solicitan pruebas del supuesto fraude. Quizá Morena y el PAN vayan a presentar algunas, pero muy probablemente no alcanzarán para que ambos procesos se anulen. El problema, sin embargo, no es jurídico sino político: el de una democracia disfuncional donde ganan las minorías y las mayorías se quedan enojadas con sus gobernantes.
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¡Margarita (y no Andrés), la candidata a vencer!
Ricardo Alemán en su columna Itinerario Político, publicada en Milenio, señala que una de las primeras resultantes de los reacomodos presidenciales —luego de los comicios del 4 de junio—, es que hoy la candidata a vencer se llama Margarita Zavala, una vez que el otrora puntero, Andrés Manuel López Obrador, sufrió una severa derrota.
Y si la batalla presidencial es a dos caídas —2017 y 2018—, Obrador perdió la primera. Por eso, son claras las señales del reacomodo
Y la primera señal estuvo a cargo del propio AMLO, quien desesperado llamó a partidos y credos a sumarse a su causa; la de convertir a México en otra dictadura venezolana.
Y es que Obrador comprobó que, por su elevado desprestigio, los negativos impiden que sume más votantes a su credo. Es decir, que si no le alcanzaron los votantes para ganar en el Estado de México por sí solo, tampoco le alcanzan para ganar una elección como la de 2018.
Y la segunda señal que confirma que AMLO ya no es “el candidato a vencer” —y que esa categoría hoy la ocupa Margarita Zavala— es la “madriza” a la nueva puntera de la carrera presidencial.
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¿Golpes bajos en el PAN?
La columna Bajo Reserva, publicada en El Universal, indica que nos dicen que panistas afines a Margarita Zavala se sorprendieron cuando el viernes pasado un grupo de personas le echó a perder un evento en San Luis Potosí. A la esposa del ex presidente Felipe Calderón se le apareció el grupo que, con el grito de “¡Asesina!”, le echaron en cara el incendio de la Guardería ABC de Sonora, al que ligan a familiares de la ex primera dama. En el equipo de Zavala señalan a colaboradores del presidente del PAN, Ricardo Anaya, como los encargados de difundir en redes sociales los clips de video en los que se ve cómo la aspirante a la candidatura presidencial panista tiene que abandonar el lugar ante las expresiones de rechazo. Nos dicen que de acuerdo con su lectura primero eran simpatizante de Morena que se oponían a ella de manera libre, pero luego fueron “activados” por esos panistas del líder nacional para hacer más grandes las muestras de rechazo. Luego vino la andanada en redes sociales, que para ellos tuvo tiene la firma de Ricardo Anaya. ¿Tan descompuesta estará la pelea por la candidatura presidencial en el PAN?
Armando Ahued, “cuesta arriba”
Como pocos funcionarios del gobierno capitalino, el secretario de Salud, Armando Ahued, cuenta con el respeto de su jefe y compañeros de gabinete por su eficiente desempeño. En especial, le es reconocida la paternidad del programa social estrella de la actual administración: “Médico en tu casa”. Sin embargo, nos aseguran que esta exitosa iniciativa y su permanencia en la Secretaría de Salud en los últimos dos gobiernos, no le alcanzan a don Armando para buscar la jefatura de gobierno. Nos aseguran que tanto en el partido como en el entorno del gobierno capitalino ven “cuesta arriba”, la posibilidad de que el médico esté en las boletas del 2018, contienda que es vista como una dura batalla contra Morena. La pregunta no es si el doctor va a ser candidato o no, nos aseguran, sino en qué momento se dará cuenta de que no juega.
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La columna Trascendió, publicada en Milenio, señala que hasta el jueves podrá haber Junta de Coordinación Política en el Senado a fin de intentar acuerdos para un periodo extraordinario. Aún no hay dictámenes de nada, ni del aumento de sanciones a los huachicoleros ni del fiscal general o el de anticorrupción, y menos de la Ley de Seguridad Interior porque los diputados no se pueden entender.
Dice el priista Manuel Cavazos Lerma que en el acuerdo azucarero con Estados Unidos, que el Senado revisará, es posible llamar a un extraordinario, pero solo si fuera muy necesario.
Que el movimiento de Humberto Castillejos, de la Consejería Jurídica de Los Pinos, agitó las aguas en otras carteras, pues el rumor de la salida de Miguel Ángel Osorio Chong de Gobernación no solo está creciendo, sino que ya hasta hay quien lo ubica en la Sedesol. La versión tomó más fuerza luego de que el titular de la Segob canceló su gira a Veracruz para este lunes.
Que si no hay un cambio de última hora, la Suprema Corte de Justicia de la Nación comenzará hoy el estudio de la denominada ley 3de3, porque analizará la constitucionalidad de diversos artículos de las leyes generales de Responsabilidades Administrativas y del Sistema Nacional Anticorrupción.
Los mencionados estatutos permiten que los servidores públicos determinen si hacen o no pública su declaración fiscal, patrimonial y de conflicto de interés. Sin embargo, diputados federales consideran que las normas vulneran la transparencia y el combate a la corrupción, por lo que deben ser anuladas. A ver qué opina la Corte.
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