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EPN promulga ley de seguridad interior; “que SCJN sea árbitro”, señala

Afirma EPN que promulgará ley de seguridad interior

Afirma EPN que promulgará ley de seguridad interior. Foto: Twitter / @PresidenciaMX

El presidente Enrique Peña Nieto no vetó la Ley de Seguridad Interior, que según organizaciones regularía la permanencia del Ejército en el país, sino que la promulgó y dejará que la Suprema Corte Nacional de Justicia (SCJN) decida si es inconstitucional.

Este jueves en la tarde-noche, el Ejecutido promulgó la ley, pero previamente, al clausurar la 43 sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, frente a los 32 gobernadores del país dijo que garantizar la seguridad de las familias “es una responsabilidad que exige corresponsabilidad entre los poderes públicos y entre los tres órdenes de gobierno con la participación activa de la sociedad.

Dijo ser consciente de que el ordenamiento que promulgará este jueves es “especialmente sensible” para la vida pública del país y “dio la bienvenida” al análisis que en su momento la SCJN realice sobre esta ley.

Aseguró que no emitirá la declaratoria de seguridad interior hasta que el máximo tribunal del país se pronuncie, pero la presencia de las fuerzas federales se mantendrá en los estados que así lo requieran, pues afirmó que en algunas zonas la seguridad local se ha visto rebasada

 

Caso omiso a petición de veto

Y es que, luego de que la Cámara de Diputados avaló en lo general y particular la ley, organizaciones como la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidieron que Peña Nieto hiciera uso del veto presidencial para echar atrás la legislación.

Los activistas argumentan que el aumento del papel de las fuerzas armadas sin sistemas de control y rendición de cuentas adecuados puede crear las condiciones para la repetición de violaciones de los derechos humanos como las cometidas ya que a las fuerzas armadas se les asignó un papel principal en la lucha contra el crimen.

Para la Organización de las Naciones Unidad (ONU), el proyecto de ley es ambiguo en ciertos puntos y contiene una definición poco estricta de las situaciones en las que las autoridades podrían usar la fuerza, incluso en un contexto de protestas sociales.

También se advierte que podría provocar mayores violaciones a los derechos humanos como consecuencia, incluyendo casos de ejecuciones extrajudiciales, tortura, y desaparición forzada, así como mayores niveles de impunidad.

Ediles, senadores que votaron en contra y hasta la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) advirtieron que promoverán una acción de inconstitucionalidad en la SCJN una vez promulgada.

Sobre Diana Juárez Martínez @Diana_J_M

Diana Juárez Martínez @Diana_J_M
Jefa de Información del portal de noticias Ángulo 7.
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