La Cámara de Diputados aprobó la Ley de Seguridad Interior, que regula la intervención de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, por lo que soldados podrán ser desplegados en las entidades a partir de una declaratoria presidencial.
De acuerdo con el dictamen final, avalado este jueves en lo general y particular por 215 votos a favor y 101 en contra, el Ejecutivo federal tendrá el poder de emitir una Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior, a partir de la cual los elementos castrenses serán desplegados por año en cualquier zona del país que lo requiera para combatir el crimen y mantener la paz social, con posibilidad de prórroga.
Asimismo, según el artículo 8, las movilizaciones sociales “que se realicen pacíficamente de conformidad con la Constitución” no serán consideradas una amenaza a la Seguridad Interior, aunque no se especifica qué ocurrirá cuando sean consideras amenazas para la paz.
Por su parte, el artículo 18 señala que será el Ejecutivo federal quien decida las zonas dónde se requiere la presencia del Ejército, lo cual puede ser solicitado por los gobiernos estatales, aunque no se aclara cómo ser evitaría la discrecionalidad y el uso político de este poder.
Oposición protesta; CNDH demandaría
Durante la sesión del pleno, legisladores del PRD, Morena y MC, que se opusieron a la emisión de la ley, desplegaron pancartas con consignas como “No a la militarización del país” y “La paz y la tranquilidad son fruto de la justicia, no del uso de la fuerza”.
Por su parte, el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, dijo que, a partir de la revisión de dictamen aprobado, este organismo consideraría presentar una acción de inconstitucionalidad.
“Dependiendo de que aprueben la Ley y cómo la aprueben, la Comisión evaluará si es contraria a los principios constitucionales y desde luego tenemos la facultad de acción de inconstitucionalidad”, dijo
ONGs advierten riesgos a DH
Junto con CNDH, 11 organizaciones internacionales de defensa de derechos humanos, entre ellas Amnistía Internacional (AI), expresaron preocupación ante el avance de la Ley de Seguridad Interior, que pasa al Senado para su revisión, pues representa un riesgo a los derechos humanos por la militarización del país.
De acuerdo con un comunicado del colectivo “SeguridadSinGuerra” la expedición de esta ley permitirá a “las autoridades federales, estatales y municipales, continuar evadiendo sus responsabilidades constitucionales en materia de seguridad pública”.
Tania Reneaum, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México, aseveró que este 30 de noviembre “es un día de retroceso para los derechos humanos”.
Por su parte, María Elena Morera, presidenta de la organización Causa en Común, señaló que en la ley no hay tiempos de entrada ni de salida del Ejército, ni un equilibrio legislativo que esté vigilando qué es lo que se está haciendo.
