Este 16 y 17 de noviembre, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) escuchará los testimonios de cinco mujeres víctimas de tortura sexual y abusos de servidores públicos durante un operativo en San Salvador Atenco, Estado de México, en mayo de 2006.
Así lo informó el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), en el documento “Mujeres sobrevivientes de tortura sexual en Atenco”.
Luego de los operativos de policías municipales, estatales y federales en Atenco y Texcoco del 3 y 4 de mayo de 2006, al menos 31 de las mujeres detenidas denunciaron agresiones sexuales por parte de las fuerzas de seguridad tanto al momento de la detención como en su traslado al penal y a su llegada a éste.
Entre las detenidas se encontraban las once denunciantes ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
De acuerdo con la organización civil, mientras las mujeres tuvieron que lidiar por años con procesos penales por ultrajes a la autoridad, portación de arma, ataques a las vías de comunicación y secuestro equiparado, las graves violaciones a derechos humanos cometidas en su contra se mantuvieron impunes.
Caso Atenco llega a la CIDH
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), debido a la ineficacia de las investigaciones a nivel interno por los delitos cometidos contra las mujeres, en noviembre de 2011 la CIDH declaró admisible el caso.
En octubre de 2015 aprobó el Informe de Fondo 74/15, en el que resolvió a favor de las peticionarias declarando que habían sido víctimas de detención ilegal y arbitraria, tortura física, psicológica y sexual, falta de acceso a la justicia y otras violaciones a derechos humanos.
Nueve meses después, la CIDH valoró que el Estado no había avanzado integral y sustantivamente en las recomendaciones y remitió el caso a la Corte Interamericana, facultada para emitir sentencias vinculatorias.
Por su parte, Santiago Aguirre, subdirector Centro Prodh, comentó que no hay un plazo para que la Corte IDH emita un fallo; sin embargo, estimó que este podría darse en el primer semestre de 2018, precisó que el Estado Mexicano tendrá que acatar la resolución “Los fallos de la Corte son definitivos, vinculatorios, no cabe recurso en contra de ellos.
