La organización civil Artículo 19 criticó que durante las primeras horas y días posteriores al sismo del 19 de septiembre de 2017, la estrategia de comunicación desplegada por los gobiernos federal y de la Ciudad de México no ha garantizado el derecho a la información de los afectados.
En su reporte “Información oficial: la gran ausente después del sismo”, la organización ha documentado un vacío informativo en diversos aspectos que tienen impacto sobre otros derechos humanos como la vida, la integridad y la seguridad personales.
Asimismo, señaló que hay datos sobre el bloqueo informativo que han padecido las y los periodistas, cuya labor resulta fundamental en el contexto de desastres naturales.
En el documento se acusa la comunicación gubernamental se ha enfocado, en promover la imagen del presidente Enrique Peña Nieto, altos funcionarios e instituciones en los lugares de desastre, en lugar de brindar información adecuada, pertinente, idónea y necesaria en este contexto.
El reporte señaló que tampoco se explica por qué no se ha concentrado la vocería en una persona que informe de manera constante y periódica a la población.
Por ejemplo, en los lugares de colapsos o daños severos, se reproduce el mismo esquema: no hay quien concentre la información, o quien la concentra la brinda de manera limitada. Incluso, como en el caso Frida Sofía, la información provista por fuentes oficiales ha distorsionado la realidad de los hechos.
Registros oficiales vs sociedad civil
Acusaron que la información difundida sobre el registro oficial y el seguimiento de las personas hospitalizadas y desaparecidas presenta graves inconsistencias, al igual que la socialización de las necesidades reportadas en cada punto de derrumbe.
Ante la inexistencia de información oficial sobre personas desaparecidas, las acciones provinieron fundamentalmente de la sociedad civil, la cual creó listas colaborativas con procedimientos de verificación. Por su parte, en tanto intermediario privado, Google activó su Localizador de personas. En cambio, personal de
Seguridad Pública y Protección Civil informó erróneamente que ya no había personas en edificios derrumbados, cuando los familiares señalaban lo contrario.
En el caso de las personas ingresadas en los hospitales, la información oficial se difundió a través de Locatel pero, antes las deficiencias planteadas infra, la población generó un registro más efectivo a través de cuentas en Twitter y Facebook que se sistematizó en listas colaborativas.
Por último, Artículo 19 resaltó que al día de hoy ninguna autoridad ha explicado por qué elementos del Ejército, Marina y Policía Federal portaron armas de fuego en los derrumbes, zonas de riesgo y centros de acopio, creando confusión y temor entre la población.
