Juez vincula a proceso a chofer de Cabify por privación de libertad
Juez vincula a proceso a chofer de Cabify por privación de libertad. foto: Especial

 

Ilegal traslado de presunto feminicida de Mara Castilla: juez
Ilegal traslado de presunto feminicida de Mara Castilla: juez. Foto: Especial

 

El juez de control de la zona centro, Aarón Hernández Chino, determinó que el traslado del chofer de Cabify, Ricardo Alexis, del penal de San Miguel al de Tepexi de Rodríguez fue ilegal, por lo que este miércoles el señalado regresó al Cereso de Puebla.

Esta tarde en una primera audiencia en el Centro de Justicia Penal de Puebla, el subdirector jurídico de la Dirección General de Ceresos, José Rojas Esteves, argumentó que el acusado fue transferido el 19 de septiembre al penal de máxima seguridad porque recibió amenazas de muerte.

Por su parte, Francisco Tlahuicole Hernández Reyes, abogado del presunto feminicida de la estudiante Mara Fernanda Castilla Miranda, dijo que la determinación es un “pequeño triunfo” de legalidad que obtuvo para mejorar las condiciones de la defensa.

“Nos hace tener mejores condiciones para la adecuada defensa de Alexis y para la adecuada comunicación con sus familiares, esa es una técnica ocupada por el estado a efectos de obstaculizar la adecuada defensa”, señaló en entrevista.

La siguiente etapa del defensor será recurrir a todo lo que en el proceso resulte ilegal e inconstitucional, pues afirmó que la Dirección General de Ceresos debe garantizar las condiciones de seguridad de los internos del penal de San Miguel.

“Confiamos que después del control judicial de hoy va a haber condiciones óptimas de seguridad, hay una presión fuerte hacia Alexis que es normal, es un caso difícil”, agregó el litigante.

En una segunda audiencia, también este miércoles, el representante legal de Motel del Sur, Agustín Barrientos Huesca, confirmó que autorizó a agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) realizar el cateo a la habitación 25 donde presuntamente Ricardo asesinó a Castilla Miranda.

Dijo que permitió que agentes ministeriales hicieran las investigaciones el 14 de septiembre bajo su propia voluntad sin presión ni influencia alguna.