Trabajadores pensionados y jubilados del gobierno estatal exigirán a las autoridades el incremento del 4 por ciento a los apoyos que les dan cada mes, ya que desde el 2015 no lo hacen, pues de lo contrario presentarán un amparo para ello.
Así lo señaló, en entrevista, Marco Antonio Manzano Ramírez, representante de los afectados, quien agregó que son alrededor de 2 mil 300 los afectados, quienes enviarán un oficio al director general del Issstep, Eugenio Mora Salgado, pues parte de los inconformes son del instituto.
También enviarán la petición al gobernador Antonio Gali Fayad.
Y es que consideró como un acto discriminatorio que no les hayan aumentado, ya que –afirmó– a los pensionados del magisterio, que son alrededor de 7 mil maestros, desde mayo les aumentaron los apoyos, además de que la ley marca que no debe haber distinciones.
Al acudir a las instalaciones de jubilados y pensionados del gobierno del estado, al que les negaron el acceso, sostuvo que existe una ley para proteger la discriminación en el estado, pero no la respetan, porque de manera permanente violentan los derechos de los extrabajadores, que ahora piden que les entreguen las remuneraciones económicas que tienen por derecho.
“Desde principios de mes le pedimos al comité ejecutivo que peleara el aumento, no ha hecho la solicitud y no se logró algo, es un derecho constitucional al que tenemos todos mientras lo hagamos de manera pacífica y respetuosa”, pronunció.
Amagan con tramitar amparo
Comentó que fue durante el sexenio de Rafael Moreno Valle, específicamente en 2015, cuando se modificaron las condiciones generales de trabajo, por lo que, desde entonces, también se avaló que los pensionados reciban un año incremento salarial y al otro aumento en prestaciones, pero no ambos el mismo año.
Detalló que con el 4 por ciento que piden “no es un gasto oneroso”, ya que para los que reciben 2 mil 500 pesos serían 100, mientras que a los que les dan 9 mil pesos, serían alrededor de 360 más, dependiendo del modo de jubilación o pensión que tuvieron.
Manzano Ramírez asevero que seguirán los pasos que corresponden, por lo que, “de entrada”, utilizarán su derecho a petición, basado en las Constituciones mexicana y poblana a la cual tendrán que dar respuesta las autoridades locales en ocho días.
En ese tenor, dijo que, si la respuesta no es favorable acudirán al amparo indirecto para que la justicia federal resuelva el caso, que –confió– sería favorable a los pensionados.
