El gobernador de Puebla, Antonio Gali Fayad, ha presentado 23 iniciativas ante el Congreso local, de las cuales el 73.9 por ciento le han sido aprobadas; sin embargo, aún están pendientes algunas como la ley de Bienestar Animal y la reforma que permitiría el divorcio exprés.
En una consulta realizada a la página oficial del Congreso de Puebla, se pudo constatar que al Ejecutivo le han sido aprobadas 17 iniciativas, a través de las cuales se ha autorizado a diferentes ayuntamientos la donación de predios que serían destinados a construcción de hospitales y escuelas.
En este conteo no se contemplan las que impulsó como gobernador electo, en un primer paquete de iniciativas, relacionadas con las promesas de campaña; por ello, a través de la bancada del PRD y de la Comisión de Igualdad de Género en el Congreso local, se concretó la creación de la Secretaría de Infraestructura y Movilidad, así como la Coordinación Especializada para Prevenir la Violencia contra las Mujeres.
Además, en un segundo paquete de iniciativas, por medio de la bancada de Nueva Alianza (NA), el entonces mandatario electo planteó la creación de la Secretaría de Turismo y Cultura.
Sin embargo, si se contabilizan un segundo paquete en el que solicitó la creación de los Organismos Públicos Descentralizados (OPD) como la Coordinación Estatal de Transparencia y Gobierno Abierto, Consejo Estatal para la Cultura y las Artes, Museos de Puebla, así como del Instituto de Profesionalización del Magisterio.
Con ello, Gali Fayad logró una nueva estructura de administración estatal, previo a rendir protesta el 1 de febrero como gobernador constitucional de Puebla.
Otras aprobadas
Posteriormente, presentó iniciativas para que el Consejo Estatal de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública esté sectorizado a la Secretaría General de Gobierno (SGG) y ya no a la de Seguridad Pública (SSP) a través de reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública.
También le fueron aprobadas por el Legislativo las reformas a las leyes de Catastro y del Registro Público de la Propiedad y Catastro para que estos dependan de la Secretaría de Finanzas y Administración (SFA) y no de la SGG.
Por solicitud del Ejecutivo, se les autorizó a los ayuntamientos de San Andrés Cholula, Xayacatlán, Ixtacamaxtitlán, Izúcar de Matamoros, Ayotempan, Zaragoza, Zacapoaxtla y Atlixco donar distintos predios que serían destinados para la construcción de hospitales o escuelas.
En julio pasado, se aprobó la expedición de la Ley de Protección de Datos Personales, así como la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Sistema Anticorrupción de Puebla; además, se realizaron ajustes a los montos de recursos públicos otorgados a los partidos políticos en la entidad.
Aunque se esperaba que fueran aprobadas por el pleno del Legislativo en su momento, aún queda pendiente la expedición de la Ley de Bienestar Animal en la que se propone castigar maltrato de especies hasta con 20 mil Unidades de Medida y Actualización (UMA), lo que equivale a 1 millones 600 mil pesos.
Y es que, la aprobación de su dictamen –que ocurriría en marzo– fue aplazada debido a que organizaciones equinas solicitaron que el jaripeo no sea considerado maltrato animal.
Ley de responsabilidades, otro pendiente
Asimismo, la reforma al Código Civil y la Ley de Planeación para el Desarrollo de Puebla en la que Gali Fayad propuso reformas para tramitar la disolución de un matrimonio sin la restricción de esperar un año de haberse celebrado, además, plantea la erogación del “vivir honestamente” para que no sea requisito a comprobar por mujeres, pues genera estereotipos y desigualdad.
Entre las modificaciones se plantea incluir la perspectiva de género para promover y lograr un desarrollo económico, social, político y cultural en beneficio de las mujeres.
Otras pendientes son la derogación de disposiciones de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos, así como la reforma al párrafo tercero de la fracción X del artículo 12 de la Constitución local, para que sean hasta siete los magistrados en el Tribunal de Justicia Administrativa.
Así como modificaciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública y a la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación.