A un mes del asesinato Meztli Sarabia Reyna, la Fiscalía General del Estado (FGE) no ha dado avances sobre la investigación del crimen, además de que las amenazas y acosos contra integrantes de la UPVA “28 de Octubre” no cesan.
Así lo denunciaron familiares y amigos de la activista social en la manifestación que realizaron para exigir el esclarecimiento del homicidio ocurrido el 29 de junio.
Del Mercado Hidalgo, sede de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes (UPVA), un contingente partió con destino al zócalo de la ciudad para clamar justicia por la también hija de Rubén Sarabia Sánchez “Simitrio”, líder de la organización.
Al filo del mediodía, los manifestantes tomaron el bulevar Norte para luego dirigirse a la 11 Norte con dirección al centro de la ciudad.
Mediante pancartas, consignas y aparatos de sonido, los inconformes acusaron que la FGE “no tiene, o no quiere” dar información sobre el rumbo de la investigación, además de que en ocasiones el personal se niega a recibirlos.
Tonatiuh Sarabia Reyna, vocero de la organización y hermano de la víctima, exigió incluir como línea de investigación el espionaje del que fue objeto la difunta, además en muchas ocasiones fue amenazada de muerte.
Intentos por desviar investigación
Y es que denunció que la FGE solo ha dado “promesas de que ya casi” da con los responsables, pero esto no ha ocurrido.
Incluso, aseguró que se ha querido “desviar” la investigación y revictimizar a su hermana, pues le han filtrado datos de que el organismo pretende vincular el homicidio con un “ajuste de cuentas”.
Esto con el argumento de que el hecho fue por una presunta riña con comerciantes del mercado La Unión.
También, expuso que se ha intentado presentar a “chivos expiatorios” con tal de frenar las protestas, pero advirtió que mientras no se presenten pruebas contundentes de la culpabilidad de los imputados, los familiares de la occisa no estarán conformes.
Aunado a ello, señaló que las protestas continuarán porque él y su familia continúan siendo acosados y amenazados con el objetivo de que ya no salgan a las calles.
A pesar de ello, reiteró que la exigencia de justicia no cesará, pues el crimen se dio en un contexto de “represión” contra la UPVA, por lo que “el principal responsable” es el gobierno estatal.