Tras el embargo que efectuó la SFA de Puebla, Eduardo Rivera Pérez presentó una ampliación del juicio de amparo 943/2017; el exedil deberá precisar los bienes inmuebles incautados, así como señalar a las autoridades que ejecutaron la acción.
Lo anterior, de acuerdo con el listado de acuerdos del Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales, pues el pasado miércoles trascendió que ocurrió la incautación, por lo que el exedil emprendió su defensa jurídica.
En el documento se señala que dentro del plazo de cinco días Rivera Pérez deberá precisar el acto que reclama de cada autoridad, pues indica como “autoridades responsables” al Congreso de Puebla; al gobernador Antonio Gali Fayad; al director del Periódico del Estado de Puebla; a la Auditoría Superior del Estado (ASE) de Puebla y a su titular David Villanueva Lomelí.
Así como a la Secretaría de Finanzas y Administración (SFA) y a varias subdependencias de ésta: Subsecretaría de Egresos, Coordinación General de Estudios Normativos y Análisis Sistémico Fiscal, Dirección de Recaudación adscrita a la Coordinación General de Estudios Normativos y Análisis Sistémico Fiscal; además al notificador-ejecutor, Rodrigo Pedraza Luna, adscrito a la SFA de Puebla.
A todos reclamó la preparación, emisión y ejecución de la orden para hacer efectivo el cobro de la sanción impuesta por el Congreso de Puebla de 25.5 millones de pesos, aprobada el 7 de abril de 2017, dictada en el expediente 131/2016, que constituye el acto reclamado en el juicio de amparo 943/2017.
Además acusó que haya autorizado, el 19 de junio de 2017, a Pedraza Luna presentarse en el domicilio de Rivera Pérez a fin de requerir el pago del importe total de la multa impuesta.
Congreso, ASE y Contraloría no han rendido informes
Por ello, el juez federal señaló que es necesario que Rivera Pérez precise qué acto reclama de cada autoridad con claridad para establecer la relación procesal en los juicios de amparo; así como los bienes inmuebles que le fueron incautados.
En la ampliación de demanda, en la que buscaría que no se lleve a cabo el remate y adjudicación de los bienes propiedad que le fueron embargados, señaló que “de manera inmediata posterior a la concesión de la medida cautelar provisional, con fecha lunes 19 de junio de 2017, las autoridades responsables, dictaron el Mandamiento de Ejecución a fin de requerir el pago o la documentación comprobatoria y llevaron a cabo el embargo sobre bienes de su propiedad”.
Asimismo, el Juzgado Tercero de Distrito señaló que Congreso local, al auditor David Villanueva Lomelí y el secretario de la Contraloría, José Villagrana Robles, “no han rendido sus respectivos informes justificados”, por lo que dio un plazo de tres días siguientes a su notificación, para que remitan al juzgado federal fotocopias certificadas, legibles, debidamente foliadas, rubricadas y entreselladas, de las constancias relacionadas con el embargo, pues son necesarias para resolver el juicio de amparo.
El aviso de embargo se conoció luego de que el 30 de junio juez federal determinó que la inhabilitación de 12 años que el Congreso aprobó en contra del panista no se anotaría en los registros estatal y nacional de Servidores Públicos Sancionados, pues Rivera Pérez promovió el segundo juicio de amparo 943/2017.
Cabe mencionar que en el primer juicio de amparo, bajo el expediente 553/2017, el exalcalde se inconformó por la competencia del Legislativo y de la ASE de Puebla para dictaminar su cuenta pública 2013, a más de tres años de haber dejado el cargo.
