Los comicios del 4 de junio en Coahuila, donde el priista Miguel Riquelme Solís fue electo gobernador, serían anulados luego de que en el INE se detectara que el PRI y el PAN rebasaron en 31 y 27 por ciento, respectivamente, el tope de gastos de campaña.
Según la Unidad de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE), pese haberse establecido un límite de 19.2 millones de pesos, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) gastó 25.2 millones en la campaña de Riquelme Solís, mientras que, en la de Guillermo Anaya Llamas, el Partido Acción Nacional (PAN) erogó 24.3 millones.
De acuerdo con el dictamen, cuyo contenido fue difundido por Reforma, el tricolor declaró un gasto de 17.3 millones de pesos y omitió reportar 7.8 millones, entre los que se cuentan 3.8 de millones en pagos a sus representantes de casilla. En tanto, el blanquiazul reportó 16.1 millones y omitió 5.27 millones.
Con base en estos datos, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) podría declarar la nulidad de las elecciones en dicho estado, conforme lo marca el artículo 40 constitucional, que establece como causal de anulación el rebase de más de 5 por ciento del tope de gasto por parte de candidato ganador.
Hay omisiones en Nayarit, pero no Edomex
Sin embargo, el dictamen de la unidad fiscal del INE aún debe ser aprobado en el Consejo General, que se celebrará el próximo viernes 14 de julio, donde también serán sometidos a consideración los reportes sobre los comicios en Nayarit y el Estado de México.
En el caso de las elecciones nayaritas, las declaraciones de todos los partidos sumaron 33.2 millones de pesos en gastos omitidos, por lo que los resultados, que señalan a Antonio Echevarría, de la alianza PAN-PRD, como gobernador electo, también podrían ser sometidos a juicio.
En tanto, en el Estado de México, el instituto determinó que en ninguna de las campañas se rebasó el gasto establecido, lo cual mantiene el estatus de Alfredo del Mazo Maza, abanderado del PRI, como virtual gobernador electo.
En caso de que el TEPJF decida que es la anulación es procedente, las autoridades electorales estatales tendrían que convocar a elecciones extraordinarias, en las cuales no podrían participar los candidatos sancionados.