El colectivo “Justicia sin Pretextos”, formado por 51 organizaciones civiles, exigió a los gobiernos federal y estatales no dar marcha atrás en la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal al negar que sea “una puerta giratoria para criminales”.
En un comunicado publicado este lunes, los signatarios, entre los que también se cuentan expertos en justicia y seguridad, criticaron los señalamientos de funcionarios públicos contra el nuevo sistema y sostuvieron que este no facilita la liberación de delincuentes, sino que ofrece “soluciones rápidas y sencillas” para que acordar la reparación de daños a las víctimas.
Argumentaron que, pese a lo que se ha difundido en medios, el 90 por ciento de los imputados cumplen con el procesos y que, en caso contrario, “la Fiscalía puede solicitar medidas cautelares y restricciones, tendientes a asegurar que va a comparecer a las audiencias y que no podrá en riesgo a las víctimas”.
Rechazaron que el aumento de los índices delictivos en varias entidades se deba a la implementación del sistema, como han señalado algunos servidores públicos, pues aseguraron que este fenómeno se relaciona con factores como el alto número de denuncias que las autoridades no pueden investigar y la ausencia de políticas publicas efectivas para la prevención del delito.
Discurso gubernamental es preocupante, advierten
Al referirse al discurso gubernamental contra el Nuevo Sistema de Justicia Penal, advirtieron que es “sumamente preocupante” afirmar que dejar libres a “delincuentes” sea un peligro para la seguridad pública, ya que el objetivo es disminuir el uso de la prisión preventiva y ofrecer condiciones que protejan a las víctimas.
Asimismo, señalaron que la idea de que liberar personas que han cumplido con su sentencia representa un riesgo para la ciudadanía “es un ataque directo al Estado de derecho, ya que la autoridades están obligadas a garantizar la reinserción social de todo individuo que ha cumplido sentencia.
Por lo anterior, conminaron a las autoridades de los tres niveles de gobierno a “realizar un diagnóstico real y serio que evalúe el desempeño de los operadores de justicia, con el propósito de identificar buenas y malas prácticas que ayuden a caminar al sistema de justicia penal, por el que todas y todos apostamos”.
Cabe mencionar que también abogados han señalado que el problema es que los policías no saben integrar una carpeta de investigación de manera adecuada, por lo que los presuntos delincuentes no pueden ser retenidos.
