Burundi; violaciones a DH y crisis de refugiados por la reelección de su presidente. Foto: Modernghana
Burundi; violaciones a DH y crisis de refugiados por la reelección de su presidente. Foto: Modernghana

Desde 2015, Burundi vive en “un entorno de miedo generalizado” con motivo de la violación a derechos humanos y una crisis de refugiados ocasionada por la reelección del presidente Pierre Nkurunziza quien lleva 12 años en el poder, señaló la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

El Consejo de Derechos Humanos de la ONU ha calificado grave la situación en Burundi, afirmando que existen críticas violaciones a las garantías individuales. Fatsah Ouguergouz y Reine Gansou, quienes lideran la investigación, aseguraron que los policías y militantes del partido en el poder se encargan de llevar a cabo ejecuciones extrajudiciales, tortura, violencia sexual y de género, arrestos, detenciones arbitrarias, extorsión y desapariciones forzadas.

Los especialistas (a quienes el gobierno burundés les prohibió la entrada al país) afirmaron que únicamente han averiguado respecto a las violaciones cometidas desde el 2015, momento en el que el presidente Pierre Nkurunziza anunció su candidatura a las elecciones presidenciales. En ese mismo año, se realizaron votaciones en las que el Ejecutivo resultó victorioso, dándole la oportunidad de mantenerse en el puesto que ocupa desde 2005.

Una vez que Nkurunziza expresó su candidatura –a pesar de que la constitución establece que el Ejecutivo no puede reelegirse por más de dos períodos– se presentaron numerosas manifestaciones en contra de dicho acto, así como un intento de golpe de Estado, lo que llevó al país a una situación de incertidumbre política y a campañas de detención masiva de detractores.

Burundi cuenta con 209 mil 202 desplazados internos y, según datos del portal de información humanitaria dependiente de la oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, Relief Web, 69 mil 734 de ellos han sido afectados directamente por el conflicto.

 

No hay financiamiento para atender problema

Asimismo, derivado de la situación, otras personas han tenido que buscar refugio en países cercanos como Tanzania, la República Democrática del Congo, Ruanda y Uganda. Tan sólo en abril de este año, un promedio de 25 personas al día solicitaban protección del gobierno tanzano.

El ya mencionado portal reportó que la crisis de refugiados provenientes de Burundi es la que más carece de financiación a nivel global, debido a que sólo se ha podido obtener el 2 por ciento de los 250 millones de dólares necesarios.

Uno de los grupos poblacionales más afectados por la oleada de represión de parte del gobierno ha sido el de los integrantes de medios de comunicación que, de acuerdo con Reporteros Sin Fronteras (RSF), enfrentan en la actualidad: “acoso judicial, encarcelamientos arbitrarios, prohibición de difusión o de publicación, palizas, tortura, desapariciones”.

Según RSF, en su propia clasificación mundial de libertad de prensa, el país africano se ubica en el lugar 156 de entre 180 países.

La sociedad en general se ha organizado para evidenciar las acciones cometidas por su gobierno, ejemplo de ello es el grupo llamado Justicia para Burundi que se encuentra en reuniones con la Corte Penal Internacional para seguir de cerca la revisión realizada a 800 casos documentados de violación de derechos humanos de personas con nacionalidad burundesa.

 

Gobierno niega señalamientos

Frente a ello, la Comisión Nacional Independiente de Derechos Humanos en Burundi ha desmentido los señalamientos de violaciones a derechos humanos y mediante su líder, Jean Baptise Baribonekeza, ha afirmado que incluso los casos que atentan a la población nacional han disminuido en los últimos dos años.

La oficina del Ejecutivo burundés ha hecho lo mismo afirmando, vía su vocero Willy Nyamitwe, que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU ha perdido “objetividad y neutralidad”.

Además, el gobierno ha culpado a la Unión Europea de alimentar las motivaciones de cambio de régimen y ha brindado ayuda económica a ciudadanos para que “desestabilicen al gobierno de la República de Burundi”.

La comisión encargada de llevar a cabo las investigaciones y creada el pasado año entregará en septiembre al organismo dependiente de ONU un informe en donde se sumen conclusiones en torno a la responsabilidad individual de los responsables en cometer dichos crímenes y también si estos podrían ser llevados a cortes internacionales.