Mónica Camacho/La Jornada de Oriente

Grupo Porrúa se deslindó del libro autobiográfico del ex gobernador Rafael Moreno Valle Rosas titulado La fuerza del cambio, así como del librero que la editó, Miguel Ángel Porrúa, al tiempo de señalar que hay personas que utilizan el apellido Porrúa “para engañar y estafar”.

El director general de la compañía, José Antonio Pérez Porrúa, realizó la aclaración por escrito a un diario nacional, tras la acusación del senador poblano Luis Miguel Barbosa Huerta de presunto lavado de dinero en la campaña publicitaria del material literario.

Explicó que la empresa, con 117 años de trayectoria, quiere “evitar controversias que puedan vincularnos con actos de legalidad ambigua”.

“Grupo Porrúa solo hay uno y es el que se formó en 1900, estableciendo su casa matriz en la esquina de Justo Sierra y Argentina, donde nacieron nuestras principales colecciones: Sepan Cuantos, Escritores Mexicanos, Biblioteca Jurídica, Biblioteca de Historia, Cuantos leen y muchas otras que han contado con la colaboración de reconocidas personalidades de distintos ámbitos.

“Porrúa, la que está formada por más de 75 sucursales distribuidas en todo el país, la que ha acrecentado su línea de servicios y llevado a cabo diversas iniciativas sociales como Librería Itinerante, no tiene vínculos con las personas u organizaciones que utilizan el apellido Porrúa para engañar y estafar”, manifestó.

Miguel Ángel Porrua tiene que irse a la cárcel, sentencia Barbosa
Barbosa dio a conocer que el lunes pasado que su equipo jurídico se prepara para denunciar la promoción de Moreno Valle a través de La fuerza del cambio, debido a que la inversión millonaria en anuncios espectaculares, vallas publicitarias y spots en cines no corresponde con la respuesta comercial del producto editorial.

Cada espectacular que lo promociona tiene un costo de 100 mil pesos pero el libro no vende más de 10 ejemplares, criticó el vicecoordinador de la bancada del PT-Morena.

Señaló que el empresario Miguel Ángel Porrúa tiene que ser investigado por Servicios de Administración Tributaria (SAT) pues costea una campaña publicitaria con recursos de procedencia desconocida. “Tiene que irse a la cárcel”, sentenció.

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