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columnista-Tania-Damian

Por una parte, los militares no se sienten a gusto con las tareas de seguridad pública en el país y por la otra, organizaciones de derechos humanos han señalado hasta el cansancio que dicho tema no es función del Ejército.

Entonces, por qué se insiste en legalizar que los soldados también se encarguen de las tareas de seguridad pública, a través de la iniciativa Ley de Seguridad Interior.

La respuesta es por la insensibilidad de la cúpula política mexicana, además de los intereses geopolíticos mundiales, que buscan la protección de sus negocios y pugnan porque los militares se encuentren en las calles, cuando varias veces se ha demostrado su implicación en violación a derechos humanos.

Ahí están los casos de Tlatlaya (Estado de México), Ayotzinapa (Guerrero), Tanhuato (Michoacán), Calera (Zacatecas) y ahora Palmarito Tochapan (Puebla), entre los más importantes.

Primero, el exmandatario Felipe Calderón Hinojosa puso a miles de soldados por todo el territorio nacional para combatir lo que él llamó la guerra contra el narcotráfico, con más de 140 mil muertos. Y, lamentablemente, junto con Margarita Zavala Gómez del Campo, sigue argumentando que esa es la solución.

Posteriormente, el presidente Enrique Peña Nieto ha seguido los mismos pasos y no se han solucionado los niveles de violencia en el país.

Por ello, el líder nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, ha señalado que la solución no es mantener al Ejército en las calles e hizo la crítica a lo que sucedió en Palmarito Tochapan, pues independientemente del contexto, se trató de una ejecución extrajudicial por parte de un militar, aunque el gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, volvió a decirle que solo busca desprestigiar a las Fuerzas Armadas, lo cual es falso.

La seguridad no es función de militares

El mismo secretario de Defensa Nacional (Sedena), Salvador Cienfuegos Zepeda, ha señalado que los militares deben regresar a sus cuarteles, porque la seguridad no es su función y ha pedido que la Ley de Seguridad Interior, en caso de aprobarse, no sea “a modo” para la Sedena.

Mientras tanto que el Ejército y los civiles sigan aportando los muertos, que el dinero del negocio es para los políticos.

La iniciativa de la Ley de Seguridad Interior, como ya lo han criticado diversas organizaciones, solo militarizará al país, por lo que debe descartarse, y lo que realmente se necesita es una reforma policial que dé certeza laboral a los policías, pues hasta ahora no la tienen y por ello, su compromiso puede ser menor.

Asimismo, los exámenes de control de confianza no deben ser discrecionales como ha sucedido muchas veces y se debe permitir a los policías saber por qué lo reprobaron. Además de que con la actual ley, si demuestran que su examen fue manipulado para que lo reprobara, no puede ser reinstalado, sino solo liquidado, lo cual coarta con su carrera de vida.

Por otro lado, pasan los años y terminan los plazos que las mismas autoridades federal y estatales pusieron y la capacitación policial no se ha hecho de manera adecuada, pues las actividades solo son para la foto.

Lo que se debe hacer es poner un plazo para concretar esa capacitación policial y ahora sí exigir y vigilar que se cumplan las metas. Ese será el plazo para el regreso paulatino de los militares de los cuarteles. Por ejemplo, en 3 o 5 años, dependiendo del plazo que se ponga –que debe ser consultado con las organizaciones de derechos humanos–, ya no debe haber militares en las calles, pero el regreso debe empezar desde el primer año, pues no todas las zonas del país tienen la misma incidencia delictiva y dependerá de ello.

Y mientras estén apoyando tareas de seguridad pública, los militares deben respetar los derechos humanos y sancionar a quiénes no lo hagan, pero también es importante entender que los soldados se han esforzado por combatir a la delincuencia organizada del país.

 

Breves

* Ángulo 7 solicitó una entrevista con el edil de San Andrés Cholula, Leoncio Paisano Arias, desde hace casi dos meses y es la fecha que el encargado de despacho de de la Dirección de Comunicación Social de dicho municipio, Juan Manuel López Solís, no la concede.

* Los ediles de municipios conurbados a la ciudad de Puebla actúan como hacendados, pues no se permite la crítica ni con el pétalo de una rosa.

*Ángulo 7, que hoy cumple 4 años, condena el asesinato del periodista Javier Valdés Cárdenas, y hoy, más que nunca, los periodistas deben salir a reportear y ejercer el derecho de libertad de expresión y a la información.

*Hay mucho que informar a través de los medios de comunicación. Hay muchas personas de todos los sectores, gubernamental, universitario, de organizaciones, empresarial, social y de medios de comunicación, qué trabajan día a día para mejorar al país.

*También, hay otros, los menos, qué solo van por sus intereses personales y también hay que informarlo y denunciarlo.

*El periódico Sin Embargo escribió que tenía dos invitaciones: salir este martes en blanco, o con paro digital, en protesta por éste y todos los asesinatos, pero decidió, “con el mismo espíritu de protesta”, salir a informar.

*”Teníamos una y otra invitaciones. Nos quedamos con la segunda que, creemos, hace honor a uno de los últimos tuits de Javier Valdez a propósito del asesinato de otra colega, Miroslava Breach”, publicó.

*En Ángulo, 7 nos sumamos a la propuesta de Sin Embargo.

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Fundadora y directora editorial del portal de noticias Ángulo 7. A los 14 años decidió que quería dedicarse al periodismo. Estudió Comunicación en la Universidad Iberoamericana de Puebla. Fue becada...