Este lunes, se mandó a la policía estatal a desalojar un plantón de habitantes del municipio de Jolalpan que se encontraba frente a la sede del Poder Legislativo y también restringió el paso de los integrantes de la Caravana contra la Paramilitarización y por el Derecho y Defensa del Territorio, a la altura de Amozoc, y ya no pudieron participar en una marcha en la capital poblana.
Estos hechos dejan un mal sabor de boca del gobierno estatal de Antonio Gali Fayad y muestran cómo el grupo político de Rafael Moreno Valle continúa –de forma lamentable– imponiéndose, pues promueven las acciones autoritarias y justifican que así es la política, cuando ello es falso.
En las últimas semanas, políticos ligados al morenovallismo, siendo uno de ellos Jorge Aguilar Chedraui, estuvieron hablando con otros actores para advertirles que tenían que pronunciarse –verbalmente o con acciones– a favor de Moreno Valle.
Es lamentable que la clase política actúe por consigna o amenazas y no tenga autonomía en su actuación.
El secretario General de Gobierno, Diódoro Carrasco Altamirano, optó por hacerle caso a Moreno Valle y no al actual gobernador, Antonio Gali Fayad.
Las presiones son fuertes porque se juegan miles y hasta millones de pesos además de su futuro político (del exgobernador), pero no se debe olvidar que nunca se tiene todo y al final todo caerá por su propio peso.
La protección que los morenovallistas le dan al edil de Jolalpan, Antonio Javana García, hace suponer que el alcalde nunca recibió los recursos completos que le correspondían de la Federación y por ello no los puede comprobar. ¿Quién o quiénes se los quedaron? ¿Moreno Valle?
La preguntas son ¿quién o quiénes ordenaron el desalojo de pobladores de Jolalpan y la restricción del paso de los integrantes de la caravana contra la Paramilitarización y por el Derecho y Defensa del Territorio hacia la capital poblana y por qué el gobernador Antonio Gali lo permitió?
Y es que en una democracia, el respeto a la libertad de expresión es fundamental.
Cabe mencionar que la caravana contra la Paramilitarización y por el Derecho y Defensa del Territorio rechaza los llamados “proyectos de muerte”, como hidroléctricas y minas a cielo abierto.
