Debido a la omisión del Congreso y de la Auditoría Superior del Estado (ASE) de Puebla para rendir su informe sobre la cuenta pública 2013 del exedil Eduardo Rivera Pérez, la nueva audiencia se realizará el 24 de mayo.
Así lo determinó el Juzgado Tercero de Distrito, quien dio al Legislativo, ASE y Comisión Inspectora tres días, a partir de la notificación de este acuerdo, para remitir al órgano jurisdiccional copias certificadas de todas las constancias que integran el Inicio de Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades (Ipadr) 131/2016.
Lo anterior, a fin de que el juzgado federal cuente con los elementos necesarios para emitir la sentencia correspondiente; de no hacerlo, advirtió, se hará efectivo el apercibimiento con que se les conminó en el auto admisorio.
Por ello la audiencia constitucional que se celebraría el pasado 25 de abril, se pasó a las 9:30 horas del próximo 24 de mayo.
Aplican criterio político a proceso legal: Rivera
A través de un breve comunicado de prensa, Rivera Pérez informó sobre la retraso por un mes de la audiencia; además sentenció que tanto el Congreso como la ASE continúan vulnerando la legalidad y el debido proceso.
“Siguen aplicando un criterio político a los procesos legales de la cuenta pública 2013 al afectar los tiempos, violando el derecho a tener una justicia pronta y expedita”, aseveró.
Cabe mencionar que en marzo Rivera Pérez, actual delegado del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PAN en el Estado de México, se amparó por el incumplimiento del Legislativo y del órgano fiscalizador, que no contestaron en plazo de 30 días, si solventó o no las observaciones hechas al ejercicio fiscal 2013, tras acudir a una audiencia ante la ASE el pasado 20 de enero.
El juez federal admitió el juicio de amparo de Rivera Pérez el pasado 15 de marzo, que ordenaba al Legislativo y al órgano fiscalizador rendir un informe sobre el estado que guardaba la cuenta pública 2013 del exalcalde panista de Puebla.
Sin embargo, el 7 de abril los diputados avalaron la inhabilitación del panista para ocupar un cargo público por 12 años, así como la imposición de una sanción por 25.5 millones de pesos.
