Los ayuntamientos deben respetar los comités ciudadanos de agua de las comunidades rurales electos por usos y costumbres, y en el caso de las localidades que ya están insertas en un medio urbano, llegar a acuerdos con ellos.
De acuerdo a la ley orgánica municipal de Puebla, los ayuntamientos deben promover la participación ciudadana en sus diferentes áreas gubernamentales, siendo la de planeación territorial o urbana, así como la del cuidado al medio ambiente, de las más importantes.
El hartazgo de los ciudadanos del estado y país no es gratuito, sino se inscribe a la soberbia de las autoridades en las últimas décadas, que se han preocupado más en el “saqueo” del erario que en atender las demandas de la sociedad.
Y es que en muchos de los ayuntamientos de Puebla se replica la llamada “Ley Herodes: o te chingas o te jodes”, y no existe el interés de beneficiar a la ciudadanía, lo cual debe cambiar con mayor presión social.
Ante ello, pobladores de la Sierra Nororiental determinaron defender cualquier intento de despojo de sus manantiales y nacimientos de agua y le exigieron a los ayuntamientos de la región respetar y fortalecer jurídicamente a los Comités de Agua Comunitarios, así como establecer acuerdos con ellos para que se cumpla con el derecho humano al agua.
Asimismo, le solicitaron al gobierno del estado o a universidades públicas la elaboración de un diagnóstico y cartografía hídrica, para conocer la realidad ambiental regional.
No a los “proyectos de muerte”
Finalmente, acordaron acudir ante la Profepa, Semarnat, Conagua y ayuntamientos de la zona para que se les informe sobre las concesiones de minas y proyectos hidroeléctricos, así como los cambios de uso de suelo que se han otorgado en sus municipios. Y es que el país no le puede seguir apostando a la industria extractiva que dejará aún mayor pobreza a las comunidades indígenas, que es donde buscan instalarse. Ese tipo de industria no emplea la creatividad ni genera mayor valor agregado, sino sobre todo extrae recursos naturales.
Este 22 de abril se llevará a cabo el “Foro en defensa del medio ambiente” en Izucar de Matamoros, donde se abordarán temas como la defensa del agua, el territorio y los recursos naturales, cómo defenderse ante los llamados “proyectos de muerte”, así como la urbanización salvaje y el derecho a la ciudad.
Hay que reconocer que los comités de agua de las comunidades son los que más se han preocupado por la instalación de redes de agua potable en juntas auxiliares que no contaban con ese servicio.
En tanto, en zonas metropolitanas, las organizaciones y ecologistas tienen el reto de exigirles a las autoridades municipales y estatal una mayor planeación urbana para evitar que continúe el crecimiento desordenado, y aprovechándose de los campesinos, quienes son presionados a vender sus terrenos a bajos costos, que después se revenden con alta plusvalía.
Asimismo, en las ciudades, la vigilancia ciudadana en el trabajo realizado por los sistemas operadores de agua potable municipales es fundamental, lo cual no solo debe ser respetado, sino también alentado.
El reto de los diferentes sectores, pero principalmente de las autoridades –que son las que se resisten–, es abrirse al diálogo para el análisis de cualquier proyecto gubernamental, donde participen y lleguen a acuerdos expertos, autoridades, organizaciones, empresarios y ciudadanos.
