El mal manejo de los sistemas operadores de agua en el país no se inscribe solo a cuando están privatizados, pues en el caso de Puebla, el Soapap fue una “caja chica” de los gobiernos priistas de Melquiades Morales Flores y Mario Marín Torres, más del segundo que del primero.
La gestión de Marín Torres dejó una deuda en la paraestatal de más de 3 mil millones de pesos, de los cuales fueron pagados por Concesiones Integrales mil 528 millones de pesos para hacerse cargo del servicio, pero faltan mil 888.8 millones de pesos.
Por ello, la consultoría Fitch Raitings alertó que en 2019, el Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla (Soapap) necesitará recursos estatales para continuar operando, pues los fondos para solventar la deuda con Banobras -que al cierre de 2015 ascendía a mil 888.8 millones de pesos– solo durarán tres años más.
Privatización no resolvió problemática
Lo anterior significa que la privatización del servicio no resolvió el endeudamiento que traía el organismo, pero además usuarios han acusado a la empresa por fallas en el suministro de agua potable, así como por cobros excesivos.
En un informe sobre la situación crediticia de la entidad poblana, Fitch Ratings reiteró que de no adquirir recursos extraordinarios del estado, el Soapap se convertirá en una “contingencia”, pues sus activos serán insuficientes para cubrir la deuda y los gastos de operación.
Hay que recordar que la administración del panista Rafael Moreno Valle concesionó por 30 años –con posibilidad de duplicar ese término– el servicio de agua potable –que antes daba el Soapap- a Concesiones Integrales (consorcio conformado por tres empresas mexicanas y una colombiana): Ecpor, Ticsa y el fideicomiso bancario de Grupo Hermes.
Por otro lado, existe poco interés por parte de los ayuntamientos para “inducir y organizar” la participación de los ciudadanos en la “promoción del desarrollo integral de sus comunidades”, incluyendo el respeto a los llamados comités de agua en localidades pequeñas.
Buscan evitar fiscalización ciudadana
Y es que los presidentes municipales buscan evitar la fiscalización ciudadana, concentrar los recursos financieros de la Comuna y lograr beneficios económicos a través de los famosos “cochupos”, que no podrían obtenerlos con una participación y vigilancia ciudadana constante.
En el caso del manejo del agua, existen formas de organización ciudadana arraigadas en las comunidades, cuya estrategia es confiada al líder del grupo, quien es vigilado constantemente.
No obstante, frecuentemente están luchando contra representantes de los gobiernos municipales, que “bloquean” la organización comunitaria de los comités de agua potable.
En tanto, un servicio de agua potable privatizado debe tener un regulador fuerte, pero en el caso de Puebla “lamentablemente” esto no es así, pues el Soapap poco defiende a los usuarios inconformes.
Además, de que en los últimos años, expertos han señalado que los organismos operadores de agua potable no se deben privatizar y varias ciudades europeas han regresado a los sistemas públicos, por ello las organizaciones Asamblea Social del Agua y Agua para todos convocaron a un foro para proponer una ley estatal ciudadana del agua, con el fin de revertir la privatización del servicio en Puebla o al menos exigir transparencia y que la concesionaria no viole la Constitución al cortar el servicio con la justificación de falta de pago.
Asimismo, otro reto es el saneamiento del agua, que prácticamente en México no se hace. No se hizo con el Soapap y tampoco se hace de forma adecuada con Agua de Puebla.
