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Los apátridas olvidados en Haití y República Dominicana

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Los apátridas olvidados en Haití y República Dominicana. Foto: Especial

Haití se ha unido a la Convención para Reducir los Casos de Apatridia, lo que ha causado beneplácito en la comunidad internacional, sin embargo, se ha olvidado que enfrenta una crisis al no poder brindar atención a 250 mil apátridas expulsados de República Dominicana.

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados (Acnur) dio a conocer su beneplácito por la decisión del parlamento haitiano en unirse a la Convención para Reducir los casos de Apatridia que fue adoptada en 1961 y puesta en vigor en 1975.

El principal objetivo de este instrumento legal, tal como lo establece su artículo primero, es que: “Todo Estado contratante concederá su nacionalidad a la persona nacida en su territorio que de otro modo sería apátrida”. En la misma sesión, el parlamento caribeño, acordó la adherencia del país al Estatuto de los Apátridas que busca hacer valer los derechos humanos de los apátridas.

Renata Dubini, jefa regional de Acnur dio a conocer que “con esta votación, Haití declara su voluntad de unirse a la comunidad internacional para trabajar en los esfuerzos por asegurar que nadie esté privado de la nacionalidad y de la dignidad que ella otorga”.

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Sin embargo, poco o nada se ha hablado del gran reto de Haití que luego de 2013, año en el que República Dominicana generó el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros en situación migratoria irregular, recibió a cientos de miles de personas a quienes se les retiró la nacionalidad por ser hijo de extranjeros que hayan ingresado al territorio sin documentos a partir del año 1929.

Repatriados en condiciones precarias

Lo anterior, causó el estatus de apátrida de unas 250 mil personas, de acuerdo a medios locales, como también, un movimiento migratorio alimentado por aquellos quienes voluntariamente abandonaron el país vecino, provocando la concentración de la población repatriada en seis campamentos al sur de Haití, cuyas condiciones, de acuerdo a Amnistía Internacional, son precarias e insalubres.

Los campos conocidos como Anse-à-Pitres se instalan en una de las zonas más devastadas por el terremoto de 2010, así como por el huracán Matthew en octubre del año pasado, factores que han contribuido al incremento de la vulnerabilidad tanto de mujeres embarazadas quienes no tienen acceso a servicios de salud como a niños menores quienes enfrentan los brotes zika y cólera sin atención médica alguna.

Human Rights Watch (HRW) aseveró que durante su estudio en campos, los deportados indicaron que su proceso de repatriación no estuvo documentado, con lo que temen, se estén llevando a cabo redadas ilícitas. Dicha organización apunta que tan sólo a comienzos de noviembre del año pasado, la zona de los campos había tenido un incremento de 150 mil deportados que no tienen papeles de identificación ni haitianos ni dominicanos.

A pesar que en 2013, el pronunciamiento de la población de la isla como de organizaciones internacionales en defensa de los derechos humanos causaron la paralización del Plan Nacional, tuvo su regreso en el 2015 y en la actualidad, continúa provocando la expulsión de personas.

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