Organizaciones no gubernamentales han señalado que es urgente que el Ejército deje de realizar funciones de seguridad pública en el país, pues esa no es su función.
El mismo titular de la Sedena, Salvador Cienfuegos Zepeda, pidió que se delimite la labor de las Fuerzas Armadas con la Ley de Seguridad Interior, coincidiendo que deben dejar paulatinamente las calles y los gobiernos municipales y estatales se responsabilicen del tema. Asimismo, pidió un mayor debate de esta iniciativa.
No obstante, una parte de la élite política insiste en institucionalizar la militarización, pese a las críticas de las organizaciones civiles que señalan que durante el sexenio del panista Felipe Calderón Hinojosa no resolvió el problema del crimen organizado y por el contrario agudizó los homicidios y desapariciones.
En tanto, la militarización del país también tiene molestos a los soldados que están en el campo, pues afirman que cada vez tienen más carga de trabajo, no se han incrementado sus salarios y las vacantes que dejan elementos para formar parte de la policía militar no se han repuesto.
La alternativa que ellos proponen es que se aumente el número de plazas en las fuerzas armadas, pues –indican—20 mil son “muy pocas” para combatir al crimen organizado del país y opinan que el PAN es el partido que les garantiza la contratación de nuevos elementos, mientras que con Andrés Manuel López Obrador de Morena –dicen– les irá muy mal.
Actualmente, hay 12 brigadas de policía militar en el país y cada una con cuenta con tres batallones.
Sin embargo, la militarización no resolverá el problema de la inseguridad pública, pues genera mayor proclividad a la violación de derechos humanos, sobre todo si se permiten regímenes de excepción con el pretexto de garantizar la seguridad pública.
Por ello, es urgente que se concrete una reforma policial integral, donde los policías tengan certeza laboral, además de una capacitación real en el nuevo sistema penal acusatorio, pero lamentablemente, falta voluntad política, además de que se les acabaría la “minita de oro” a decenas o centenas de políticos del país.
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Hablando de corrupción, se dice que en Teziutlán se vende droga a la vista de policías municipales, claro con la complicidad de la autoridad local.
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Este sábado se llevó a cabo el Foro de la Sierra Norte en Defensa del Agua y los Recursos Naturales en el restaurante La Casona de Huauchinango, donde activistas sociales reiteraron su rechazo a los llamados “Proyectos de Muerte”, por considerar que son extractivos, perjudican al medio ambiente y provocan desplazamientos de poblaciones.
No obstante, como muchas veces sucede en este tipo de eventos, un personaje ligado a la dirigencia sindical de una empresa de producción de energía eléctrica en la región busca controlar la asistencia de otros compañeros de la misma organización, a través de prácticas represivas como quitarles el servicio de transporte de personal.
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Los presidentes de la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública del Congreso local, Susana Riestra Piña y Mario Rincón González, no atendieron a los pobladores de Jolalpan pese a que solicitaban una auditoría a su edil, Antonio Javana García, ya que lo acusan de malos manejos de recursos públicos.
Tampoco fue sensible el coordinador de la Junta de Gobierno, Jorge Aguilar Chedraui, y mejor fueron llamados por el subsecretario de la SGG, Roberto Pedro Martínez Ortiz, quien les aseguró que el próximo 7 de marzo el gobierno estatal emitiría una postura sobre sus demandas.
