A partir de la segunda quincena de marzo se matarían alrededor de 300 equinos al día si la Sagarpa otorga el permiso tramitado por el organismo Industrial de Abastos Puebla; también, el rastro municipal podría volver al formato TSS y dejar el TIF.
Así lo anunció el titular del organismo, Julio César García Ángeles, quien sostuvo que si se concede el permiso, generaría ingresos por al menos 225 millones de peso anuales.
En entrevista, tras comparecer ante el Cabildo como parte de la glosa por el informe de gobierno del alcalde Luis Banck Serrato, el funcionario detalló que el trámite ya está en su última etapa y sólo resta el aval de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), el cual –aseveró- no tomará más de un mes.
Y es que aclaró que el permiso fue tramitado ante la demanda del servicio por parte de una empresa china, que busca exportar a ese país la carne de caballos y burros.
Con la apertura de este servicio –dijo- el rastro de Puebla buscará mejorar sus finanzas, aunque se negó a decir a cuánto asciende su endeudamiento bajo el argumento de que “no lo recordaba”.
“Flexibilizan” medidas de sanidad
De igual forma, aseguró que al comenzar a dar este servicio se inhibirán los rastros clandestinos de esta índole, pues informó que el año pasado se detectó uno en Santo Tomás Chautla.
Por otro lado, consideró que el rastro podría cambiar al formato de Tipo Inspección de la Secretaría de Salud (TSS) y dejar el Tipo de Inspección Federal (TIF), pues el segundo es más estricto que el primero en medidas sanitarias, lo cual ha hecho que bajen los clientes en el rastro.
Es por eso que desde abril de 2016 no opera la línea de ovinos, ya que –afirmó- los solicitantes del servicio de matanza “no cumplen con los requisitos”.
Esto también generó pérdidas económicas para el rastro, ya que la matanza de borregos es de las más demandadas.
Con respecto a su comparecencia, García Ángeles fue criticado por los regidores por presentar un informe “cualitativo”, pero no cuantitativo, ya que mencionó que se aumentaron las inspecciones a establecimientos que venden productos cárnicos, pero no dijo en qué porcentaje.
Resalta logros sin dar cifras
Afirmó que las denuncias ciudadanas sobre negocios que venden carne en mal estado “disminuyeron”, pero no explicó en qué cantidad ni se refirió a las zonas donde sí hubo incidencias.
Por ello, los regidores le exigieron que en un lapso de cinco días les haga llegar a cado no un informe detallado de las actividades del organismo pero que incluya las cifras de este año comparadas con el anterior.
Ante dichos señalamientos, García Ángeles y su equipo solo pudieron dar el dato de que en 2016 se realizaron 18 mil inspecciones a 6 mil establecimientos fijos, pero no informaron si detectaron irregularidades o si impusieron alguna multa.
Agregaron que visitaron 6 mil establecimientos informales, es decir, semifijos o ambulantes en los que se vende carne, pero tampoco explicaron si hubo sanciones o anomalías.