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La monarquía de Bahréin ha encontrado en la represión, ejecución de personas y aplicación de cadena perpetua, la forma de acabar con la oposición que ha venido luchando desde el 2011 para hacer valer democracia.

La monarquía de del país del golfo, Al Khalifa, encontró en la primavera árabe del 2011 una amenaza no sólo a la concentración sino a su permanencia en el poder, las manifestaciones no sólo tenían como objetivo mostrarse anti gobierno sino clamar que los musulmanes chiitas tuviesen los mismos privilegios que la minoría suní.

Con lo anterior, se desató una serie de manifestaciones en las que fuerzas armadas nacionales se vieron imposibilitadas a contenerlas y el pequeño país solicitó el apoyo de su aliado y vecino Arabia Saudita así como del Consejo de Cooperación del Golfo.

La cooperación internacional ayudó a que la fuerza bahreiní legitimara violaciones a derechos humanos y llevara a cabo campañas más violentas. Tan solo el 2011, la Confederación Sindical de Trabajadores de las Américas denunció que 2 mil trabajadores habían sido despedidos por manifestarse en contra de la violencia ejercida por el gobierno durante las protestas pro democracia.

Torturas y ejecuciones

En los últimos años, el gobierno ha sido responsable de eliminar la oposición en el país a través de prohibiciones, torturas, ejecuciones y encarcelamientos como el de Ali Salman, líder de Al Wefaq quien fue a prisión en 2014 y se le impuso una pena por nueve años acusado de incitar a la población a derrocar la monarquía.

Mientras que en 2011, la autoridad bahreiní le retiró la nacionalidad a Isa Ahmed Qasim líder chiita de la ex colonia británica.

Debido a ello, el país ha logrado política y religiosamente mitigar a su oposición, sin embargo, la sociedad no ha dejado de manifestarse, principalmente en los últimos meses.

De acuerdo con Joe Stork, director de Human Rights Watch para Medio Oriente: “Las autoridades bahreiníes han tenido, por años, su pie encima de la sociedad civil pero en 2016, ellos indicaron querer cortarles el aire totalmente”.

Menores de edad reprimidos

Durante las protestas llevadas a cabo en febrero de 2016 para celebrar el quinto aniversario del movimiento pro democracia, se encarceló a menores de edad imputándoles delitos de alta gravedad que les podrían llevar a pagar una cadena perpetua. El gobierno a través de su agencia de noticias informó que arrestó a un –no especificado- número de menores de edad por actos de sabotaje.

Incluso han impuesto prohibiciones de viaje a activistas sociales o miembros de organismos defensores de derechos humanos que asistan a un foro u organismo internacional.

Centenar de muertos

Se estima que al año pasado un ciento de personas perdió la vida debido a las agresiones de la fuerza armada durante las manifestaciones, mientras que más de mil han sido encarcelados

Según datos de la Campaña del Tratado en contra de Armas (CAA, por sus siglas en inglés) desde la primavera árabe, Bahréin ha firmado múltiples contratos con Reino Unido por la compra de armamento como armas, rifles de asalto y vehículos antidisturbios que han sido destinados a la dispersión de los manifestantes.

Dichas acciones se han acompañado del apoyo de Estados Unidos y Arabia Saudita, principalmente por su proximidad geográfica y además por compartir con Bahréin la existencia de población chiita no beneficiada por el gobierno.