Por el “gasolinazo”, el precio de la tortilla tuvo un aumento de entre uno y tres pesos, pero podría venderse hasta en 20, cuando se dé el segundo aumento en febrero; la Profeco suspendió a más de 40 tortillerías por no vender kilos completos.
Lorenzo Mejía, líder de la Unión Nacional de Industriales de Molinos y Tortillerías, aseguró que dicho aumento “es justificado” debido a las alzas de la gasolina, gas y electricidad, mismos que inciden en la producción del alimento.
Afirmó que “no nos estamos poniendo de acuerdo para subir el precio”, sino que es un ajuste respecto a la producción de la masa pues, pese a las acciones para reducir los costos de elaboración, el aumento de los energéticos impacta directamente en el costo, ya que el gas representa el 10 por ciento de éste y la electricidad el 15.
Por su parte, Max Correa Hernández, dirigente de la Central Cardenista Campesina (CCC), aseguró que los precios podrían alcanzar los 20 pesos en febrero, cuando se dé el segundo “gasolinazo”, mismo que representaría un incremento de hasta 42 por ciento, teniendo como referencia que en la Ciudad de México se vende en 14 pesos actualmente.
Sin embargo, en estados como Puebla, la tortilla se empezó a ofertar de 12 a 15 pesos, cuando antes se vendía en 11, mientras que en Chihuahua y Coahuila se comercializa en 16, en tanto que en Morelos se vende en 18 pesos.
Apoyos a la producción de alimentos
En este panorama, solicitó al gobierno federal canalizar apoyos a la producción de alimentos, principalmente al maíz para que no haya necesidad de importarlo, pues el traslado genera altos costos.
Asimismo, afirmó que si las amenazas del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, se cumplen “las importaciones de alimentos de leche de carne y de insumos prácticamente van a ser inmanejables”.
Por su parte, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) suspendió a más de 40 tortillerías por prácticas comerciales irregulares, mientras que inició actas circunstanciadas a otros 22 negocios similares que se negaron a ser verificados.
Señaló que hasta el momento ha verificado a más de mil establecimientos de este tipo en todo el país, pues tienen “mayor foco de atención” al ser un producto prioritario de la canasta básica.
Dicho monitoreo busca impedir abusos en la comercialización del alimento, como el no entregar kilos completos.
Por otro lado, aseguró que, pese a que no hay un precio “oficial” para este alimento, no permitirá que productores de tortilla acuerden unilateralmente incrementos que no corresponden a los equilibrios del mercado y afectan al consumidor.
Fuentes: Publímetro, La Opción, La Jornada, Debate, Regeneración y Vanguardia
