Por José Buendía Hehewisch
El gran ausente del debate que recorre el país sobre la corrupción es el gobierno federal. Está separado del tema, lejos del asunto que más preocupa a los ciudadanos y una causa de la caída de la aprobación del presidente Enrique Peña Nieto. Por táctica, carencia de respuesta o desinterés, la posición oficial ignora uno de los reclamos que más inconforma a los mexicanos, como demuestra el respaldo de más de 600 mil firmas a la ley #3de3. Lo relega en su agenda como si el silencio sirviera para desaparecerlo, a diferencia de su intervención proactiva en la aprobación de las reformas estructurales en el Congreso. En la era de la globalización, el gobierno vive en un uso horario exclusivo, el de Los Pinos.
No es el único actor principal automarginado de la discusión. El Poder Judicial tampoco se siente aludido, no obstante, existe un problema sistémico y transversal al Estado a través de redes de complicidad entre autoridades y entes privados. Su voz no se escucha, las posiciones de la Corte o de los jueces son inaudibles y ni siquiera se ve el intento de firmar la iniciativa #3de3 para hacer públicas sus declaraciones patrimoniales.
Se abstienen de asumir postura y ni siquiera hacen el gesto de candidatos o legisladores de querer colgarse la ley #3de3 para ahuyentar suspicacias porque necesitan pedir el voto, a pesar de que nadie ignora que la corrupción está en el corazón de la crisis de justicia. Ambos Poderes miran la problemática como si se situaran en la lontananza de un cuadro distante del plano principal, no obstante, ser fuente de la mayor indignación.
El Ejecutivo, por los escándalos de corrupción en torno a la familia presidencial y miembros de su gabinete y el Judicial, por la falta de confianza en la imparcialidad de la justicia. La reserva de ambos Poderes ejemplifica la incomunicación entre instituciones y preocupaciones de la gente, una ventana para mirar la crisis de representatividad y el debilitamiento de la democracia. Cuando aluden al tema, lo hacen para insistir en la visión del presidente sobre la corrupción como un problema “cultural”. Atizan la inconformidad y el descrédito. Esa postura oficial parece un llamado a la resignación, que contrasta con la preocupación de muchos por generar nuevas reglas para “secar el lago” donde germina la corrupción, al menos, como mensaje contra la impunidad.
En efecto, la aprobación de las leyes anticorrupción camina en el Senado entre esos silencios, resistencias del PRI-Verde y la presencia de nuevos actores como las ONG, en alianza con el PAN y PRD. Hay un documento de trabajo de las comisiones para analizar la iniciativa con consensos de más de 80%, según el senador Pablo Escudero, quien ya intentó impulsar un proyecto rebajado de dictamen hace unas semanas. Además, no hay noticia de cabildeo de los legisladores con el gobierno, ¿pueden salir sin negociarse con el Ejecutivo?
Las resistencias pugnan por rebajar los controles anticorrupción y reclaman inconsistencias de la ley #3de3 hasta recriminarle medidas inconstitucionales. El PAN y el PRD impulsan la ruta de las ONG y abrazan las formas del parlamento abierto para dictaminar, pero sin compromisos de fechas para su aprobación en este periodo. El consenso sobre la prioridad del combate a la corrupción reúne a todos en el discurso, pero en los hechos parece un espectro que prefiriera conjurarse. Confinarlo al lastre de la tradición, aunque las muestras de cansancio con la depredación de las élites políticas y económicas sean cada vez mayores.
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