Los senadores del PRI solicitaron a la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla un informe sobre lo ocurrido en torno al presunto tráfico de influencias por parte de César Yáñez Centeno, vocero de Morena para evitar la detención de su pareja.
En un punto de acuerdo presentado por el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI), solicitaron al titular de la FGE, Víctor Carrancá Bourget, informe en el ámbito de sus atribuciones de las acciones iniciadas contra el secretario de Comunicación, Prensa y Propaganda del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, para liberar a Dulce María Silva Hernández detenida por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Lo anterior, porque en días recientes se dio conocer una serie audios en los que se escucha a Yáñez Centeno, intentar negociar con la FGE y con el secretario de gobierno para conseguir la liberación de Silva Hernández.
Cabe destacar que Silva Hernández fue detenida el pasado 10 de marzo de 2016 y acusada de operaciones de recursos de procedencia ilícita por un monto de 30 millones de pesos, aportados a Invergroup, propiedad de Edmundo Tiro Moranchel, quien enfrenta un proceso penal tras haber sido acusado de defraudar a más de 150 personas.
Existen antecedentes
Los legisladores advierten que “no es la primera ocasión en la que funcionarios, militantes o personas cercanas al partido Morena no pueden acreditar la procedencia lícita de grandes sumas de dinero en efectivo”.
Una de ellas fue en junio de 2015, en Chiapas, cuando sorprendieron a colaboradores de Ricardo Monreal Ávila en su intento de abordar un avión privado con maletas en las que llevaban más de 100 millones de pesos, así como a Pedro Pablo de Antuñano Padilla, titular de la Dirección General Jurídica y de Gobierno en la delegación Cuauhtémoc, quien fue detenido con 600 mil pesos en efectivo.
Por ello no descartan una negociación entre funcionarios poblanos y el de Morena, quien en otra grabación se escucha al abogado de Manuel Bartlett Díaz, Carlos Meza Viveros, asegurar que su cliente habló con Diódoro Carrasco Altamirano, Secretario General de Puebla (SGG), para que interviniera en el caso a cambio de que López Obrador y “dejen de golpetear al gobierno de Puebla”.
Sin embargo, aunque en la última grabación se escucha que el arreglo “no pudo concretarse”, los hechos “son contundentes” y dan cuenta de la intención de Yañez Centeno de estar por encima de la ley.
Cabe recordar que de acuerdo al Código Penal Federal, comete el delito de tráfico de influencia cualquier persona que promueva la conducta ilícita del servidor público para gestionar la tramitación o resolución ilícita de negocios públicos ajenos a las responsabilidades inherentes a su empleo cargo o comisión, a quienes le impondrán de dos años a seis años de prisión y de treinta a cien días multa.
