El presidente del IEE en Puebla, Jacinto Herrera Serrallonga, confió en que el Consejo General del INE dicte una resolución favorable para los consejeros poblanos con peticiones de remoción de cargo; desconocen denuncias penales en Fepade.
En entrevista, Herrera Serrallonga indicó que, desde su perspectiva, dichas denuncias fueron “por afectar intereses políticos de ciertos actores” y no porque se haya violentado la norma, pues recalcó que la actuación del Instituto Electoral del Estado (IEE) de Puebla fue apegado a derecho.
Comentó que las quejas se encuentran en fase de alegatos en el Instituto Nacional Electoral (INE); “lo que puedo apreciar es que la mayoría de las denuncias en el caso de Puebla es por afectar intereses políticos de ciertos actores (…) a veces al aplicar las normas hay quien se siente agraviado, estaremos atentos a ver qué se define”.
Durante las campañas políticas por la minigubernatura, el PRI, PRD, Morena y la ex-candidata independiente, Ana Teresa Aranda Orozco, pidieron la remoción de los siete consejeros electorales, pues acusaron la falta de imparcialidad.
Fepade no les ha notificado denuncia de Aranda
Por separado, la secretaria Ejecutiva del organismo electoral local, Dalhel Lara Gómez, señaló que la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) no ha le ha notificado las denuncias penales en su contra por presunto uso indebido y falsificación de documentos, así como por el delito de peculado, interpuestas por Aranda Orozco.
No obstante, aseguró que estará pendiente de los requerimientos de las autoridades, pues defendió que las acciones que realizó el instituto electoral estuvieron supervisadas “en todo momento” por representantes de la expanista, quien acusó manipulación de las cédulas de apoyo, porque algunas firmas habrían sido falsificadas.
“Aranda solicitó en su momento tener presencia en todo lo que fuera la verificación de apoyos ciudadanos, siempre estuvo alguien, las 24 horas, está documentado”, acotó.
Cabe mencionar que Aranda Orozco denunció que la funcionaria electoral, junto con la directora de prerrogativas, Amalia Varela Serrano, destinó 3 millones de pesos para validar las más de 200 mil firmas, empaquetadas en 25 cajas que entregó como requerimiento.
INE analiza sanciones intermedias
Al respecto, el consejero electoral del INE, Enrique Andrade González, indicó que a nivel nacional existen 60 casos de remoción de consejeros; sin embargo “no todos los partidos políticos están fundamentando sus acusaciones”.
Aunado a ello, explicó, varias de las quejas en contra de consejeros de todo el país se deben a cuestiones más políticas que de negligencia o irresponsabilidad de los funcionarios electorales. En el caso de Puebla, comentó que aún se encuentran en investigación por lo que no precisó la fecha en que podría emitirse una resolución o pasar al Consejo General.
Mencionó que, en la pasada sesión, se analizaron siete procedimientos de posibles remociones; en el caso de Chiapas, se resolvió defenestrar a todos los consejeros por un fraude de votos en el extranjero, mientras que a la consejera presidenta de Colima se le sancionó con una suspensión de 30 días.
