La Fepade integra las carpetas de investigación sobre la denuncia del IEE de Puebla contra la supuesta falsificación de firmas por la excandidata independiente Ana Teresa Aranda Orozco, así como la de ella por la supuesta manipulación de las cédulas.
Así lo dio a conocer el titular de la Fiscalía Especializada para la atención de Delitos Electorales (Fepade), Santiago Nieto Castillo, quien precisó que el Instituto Electoral del Estado (IEE) de Puebla denunció que un grupo de personas había firmado en contra de su voluntad las cédulas de apoyo a la candidatura independiente de Aranda Orozco en el pasado proceso electoral.
Entre ellas, comentó, se acusó la falsificación de firmas de algunos funcionarios públicos como María del Carmen Alanis Figueroa, magistrada del Tepjf; del secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral (INE), Edmundo Jacobo Molina; así como Hugo Alejandro Concha Cantú y Fernando Zertuche Muñoz, exsecretarios ejecutivos del IFE; “aparecían como firmantes; evidentemente se trataban de falsificaciones”.
Aunado a ello, indicó que el organismo electoral local acusó que “un grupo importante” de copias fotostáticas correspondían a beneficiarios de Prospera, de los cuales ya se cuenta con testimonios en los que los ciudadanos aseguran que el apoyo ocurrió contra su voluntad.
No obstante, dijo, recientemente se admitió la denuncia de Aranda Orozco donde señala que ella no aportó esas rúbricas de apoyo, sino que hubo una manipulación de las firmas; por lo que –afirmó—se están integrando ambas carpetas de investigación.
Crece 171% violencia política de género
Asimismo, recordó que hasta junio de 2016 la Fepade recibió 103 denuncias por violencia política de género, a diferencia de 2015, cuando se recibieron sólo 38, por lo que la cifra aumentó 171 por ciento, por ello, insistió en la tipificación ya que únicamente se cuenta con dos hipótesis delictivas: la obstaculización y la relacionada con los actos de temor.
“Es necesario un mejor tipo penal para hacer frente a este problema grave de la democracia que impide a las mujeres el pleno empoderamiento”, acotó.
Precisó que ante la Fepade son denunciados principalmente la “guerra sucia” contra candidatas, actos de violencia física, destrucción de material electoral, o obstaculización a funcionarias electorales.
Por último, mencionó que el organismo federal firmó un convenio para la protección y atención de los casos de violencia política con la Secretaría de Gobernación (Segob), Instituto Nacional de las Mujeres (INM) y el Instituto Nacional Electoral (INE).
