Por Gabriela Xelano @Fitoles
El Grupo Parlamentario del PRI en el Senado exigió al gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, presente un informe pormenorizado de la ejecución de los recursos, licitaciones, cronograma y avance del megaproyecto turístico de Cholula.
En el punto de acuerdo presentado, los legisladores urgen al titular a transparente dicha información “debido a la comisión de posibles irregularidades” en la construcción del proyecto “protección, conservación y restauración de la zona típica monumental de San Pedro y San Andrés Cholula”, que incluye la construcción del museo regional, obras viales y espacios deportivos.
Además urgen a que presente la evaluación de impacto ambiental y autorizaciones ante el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), de la cual –de acuerdo con defensores de Cholula— no existe autorización para realizar las presuntas excavaciones.
Precisan que la obra estaría vulnerando el patrimonio histórico y cultural, — la Zona Arqueológica de Cholula en la que encuentran vestigios prehispánicos y la “Gran Pirámide”, que es considerada como la estructura ceremonial más grande de Mesoamérica–.
Opacidad
El proyecto contempla la instalación de fuentes, módulos comerciales, jardineras, una ciclopista, pista de trote, un lago, estacionamientos, módulos de sanitarios y un museo. Además las especificaciones generales indican un campo de béisbol, asadores, palapas, una fuente lúdica, rejas perimetrales y una cancha de fútbol, entre otras cuestiones.
No obstante, el desarrollo de las obras han presentado una serie de irregularidades, entre ellas se encuentran las presuntas excavaciones no autorizadas por el INAH, así como la falta de autorizaciones por parte del Consejo de Arqueología para el parque intermunicipal.
Aunado a ello está el Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos (Capcee) que reservó por siete años los expedientes de las diferentes obras, al argumentar que de revelarse, podría causarse “un daño importante e irreparable a servicios que brinda el estado”, lo que a su vez podría poner en peligro la propiedad o posesión del patrimonio público.
Bajo estas circunstancias de opacidad, incumplimiento con la normativa y falta de autorizaciones por parte de las autoridades, los priistas solicitaron el informe detallado del ejecutivo poblano.
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