Redacción/Diario Cambio
A 10 años de haber sido difundida la supuesta conversación telefónica entre el ex gobernador Mario Marín y el empresario de la mezclilla Kamel Nacif, en la cual se refiere a la detención de la periodista Lydia Cacho, diferentes reacciones se dieron en el ámbito local y nacional.
La Auditoría Superior de la Federación en 2012 tenía en la mira a Alcalá y a Lastiri por irregularidades en conjunto por casi 100 millones de pesos en el ejercicio de recursos federales en 2010, cuando eran alcaldesa y secretario de Desarrollo Social.
Mientras que en el 2010 Rafael Moreno Valle era palomeado por el PRD para abanderar la mega coalición rumbo a la elección gubernamental y el partido Verde se sumaba al PRI para impulsar a López Zavala.
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La Auditoría Superior de la Federación en 2012 tenía en la mira a Alcalá y a Lastiri por irregularidades en conjunto por casi 100 millones de pesos en el ejercicio de recursos federales en 2010, cuando eran alcaldesa y secretario de Desarrollo Social.
Mientras que en el 2010 Rafael Moreno Valle era palomeado por el PRD para abanderar la mega coalición rumbo a la elección gubernamental y el partido Verde se sumaba al PRI para impulsar a López Zavala.
Fue el 14 de febrero cuando La Jornada y W Radio difundieron una supuesta conversación telefónica entre el gobernador del estado y el empresario Kamel Nacif, sobre la detención de la periodista Lydia Cacho; un día después de que estallara el escándalo, Marín tachaba la situación como “una película de horror” en la que se pretendía hacerle un linchamiento político: “impugnamos esta grabación. Es falsa. No obedece a la realidad”.
•“Que se vaya”, piden diputados federales
La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados acordaba presentar un exhorto al gobernador Mario Marín y a la procuradora estatal de Justicia, Blanca Laura Villeda Martínez, para que fueran separados de sus cargos.
Con el respaldo de las bancadas del PRD, PAN, Convergencia y PT, y con la oposición del PRI y PVEM, el acuerdo legislativo exhortaba también al Congreso de Puebla, a la Procuraduría General de Justicia y a la Comisión de Derechos Humanos de esa entidad a investigar el caso y deslindar responsabilidades.
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