Mónica Camacho/La Jornada de Oriente
En lo que va del sexenio, el gobernador Rafael Moreno Valle Rosas ha conseguido del Congreso local 40 autorizaciones para entregar a particulares inmuebles públicos, bajo un procedimiento que la oposición ha calificado de poco transparente por la negativa de las autoridades a proporcionar información sobre las condiciones de la transacción.
Hasta el momento se conoce de la emisión de siete convocatorias para comercializar esas propiedades, cinco de las cuales se lanzaron este año de cierre para la administración del PAN, ofreciendo a privados hasta 82 bienes en cada invitación.
Faltando menos de cinco meses para la conclusión de mandato de Moreno Valle, las solicitudes del gobernador para la venta de inmuebles siguen llegando al Congreso.
Las últimas dos propuestas de desincorporación del patrimonio público se presentaron el jueves pasado e involucran un par de viviendas de Puebla capital, las cuales ya tienen el visto bueno del grupo legislativo de Acción Nacional para que pasen a manos de particulares.
Desde casonas patrimonio de la ciudad hasta terrenos en Audi
Entre las propiedades que se han puesto en venta de 2011 a la fecha se encuentran inmuebles catalogados como patrimonio de la ciudad de Puebla, de los que destacan la Casa de los Azulejos y la casa de la Fundación del Convento de Santa Mónica; una propiedad en la colonia Condesa de la Ciudad de México; así como un terreno de 27 mil 475 metros cuadrados localizado en las inmediaciones de la planta Audi, una de las zonas de mayor plusvalía de la entidad.
Los corresponsables en la venta de esas propiedades son los diputados de la LVIII Legislatura local pasada, en funciones entre 2011-2014, así como los representantes populares de la LIX Legislatura, quienes rindieron protesta de cargo el 15 de enero de 2014, debido a que han autorizado la totalidad de solicitudes de enajenación presentadas por el mandatario local.
El común denominador de ambos periodos parlamentarios es una mayoría afín a la administración estatal, integrada por legisladores de distintas expresiones políticas que son liderados de manera extraoficial por el coordinador en turno de la bancada del PAN: hoy Jorge Aguilar Chedraui; en el ciclo anterior, Mario Riestra Piña.
Lo que ha cambiado entre una legislatura y otra son los niveles de transparencia, ya que el Congreso que encabezó Mario Riestra dio a conocer el valor de los bienes que se pondrían en venta, información que no se difundió más tras el arribo de Jorge Aguilar.
Incluso los legisladores ignoran las condiciones de venta
Una vez otorgada la autorización para enajenar un bien público, las condiciones bajo los cuales se concreta la venta son desconocidas incluso por los propios diputados. Dicha situación la dejó al descubierto el legislador del PAN Pablo Rodríguez Regordosa, quien reconoció en entrevista la semana anterior que el Congreso ignora el destino que reciben los inmuebles enajenados, así como el uso de los recursos adquiridos por el gobierno.
Además, se desconoce la conclusión que tuvieron las siete convocatorias emitidas a lo largo del sexenio para enajenar inmuebles públicos o si existen más de esos procedimientos, pues la existencia de cuatro de éstas se conoce gracias a reportes de medios de comunicación locales y tres más por fuentes extraoficiales.
En tanto, investigadores universitarios, como la académica de la UAP Rosalva Loreto López, han advertido la posibilidad de que las autoridades estatales incurran en prácticas de especulación inmobiliaria sobre las casonas patrimonio de la ciudad que han sido sometidas a subastas.
En una entrevista que publicó La Jornada de Oriente el 16 de mayo de 2012, Loreto explicó que la especulación inicia en el momento en que una subasta esa declarada desierta, porque obliga a las autoridades a bajar el precio de venta.
“Las justificaciones” para la venta de inmuebles públicos
El argumento del gobierno para ceder la posesión de los bienes a particulares es que no son utilizados por la actual administración ni son susceptibles para la prestación de algún servicio público.
“De mantenerlo dentro del patrimonio inmobiliario, sólo se generan gastos de mantenimiento, lo que representa altos costos para el erario público”, ha señalado Moreno Valle en las distintas solicitudes turnadas al Congreso.
Justificación similar dio el gobierno sobre las casonas catalogadas como patrimonio de la ciudad de Puebla, pues arguyó la falta de presupuesto público para su remodelación y mantenimiento.
Para los diputados locales, las explicaciones del Poder Ejecutivo han sido suficientes, ya que en sólo nueve sesiones públicas del pleno aprobaron las 40 autorizaciones de enajenación de bienes, mientras tienen dos peticiones más en comisiones en espera de ser dictaminadas.
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