Aldo Miguel/El Sol de Puebla
Santiago Nieto Castillo, titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), anunció que unos días antes de las elecciones y durante la jornada electoral, la Fiscalía desplegará en Puebla un operativo de policías ministeriales especializados en las instalaciones de todo el estado del Instituto Nacional Electoral (INE) y del Instituto Electoral del Estado (IEE), cuya finalidad será recibir denuncias de ciudadanos y partidos políticos de posibles hechos constitutivos de delitos.
El fiscal se negó a precisar cuántos elementos van a participar al argumentar que es un tema de sigilo al tratarse de investigación y persecución de delitos electorales y además por la propia seguridad de los ministeriales.
“Vamos a estar desarrollando este modelo de conformidad con los casos que hemos tenido en otros procesos electorales en donde hemos estado trabajando como en la elección ordinaria del año 2015 a nivel federal y las elecciones extraordinarias de Colima, Tabasco y en Aguascalientes”, dijo.
En otro tema dijo que un total de 78 denuncias ha recibido la Fepade del proceso electoral de este año, las cuales están relacionadas con la compra de votos, condicionamiento de programas sociales federales y estatales, así como alteración de documentos públicos electorales.
Advirtió que entre las máximas sanciones por la comisión de delitos electorales se encuentra la de 5 a 15 años de prisión cuando se rebasen los topes de gastos de campaña, cuando se utilicen recursos de procedencia ilícita y cuando se destinen o reciban aportaciones en efectivo o en especie existiendo una prohibición legal para ello.
Entrevistado en el marco del Foro de la Legalidad, que impartió en el Complejo Cultural Universitario de la BUAP, el fiscal reveló que de las 78 denuncias -las cuales no especificó si solo corresponden a Puebla-, 18 son contra funcionarios de los tres órdenes de gobierno.
Nieto Castillo refirió que actualmente la Fiscalía está integrando las carpetas de investigación de los 78 casos, en los cuales, afirmó, se actuará con absoluta imparcialidad, sin filias ni fobias y determinando lo que corresponda conforme a la ley.
El tiempo que llevará proceder dichas denuncias dependerá de las características de cada uno de los casos, dado que en algunas ocasiones se han presentado, ejemplificó, grabaciones o documentos públicos que se tienen que analizar a través de un sistema de prueba pericial y que tienen que ser sometidos a una prueba grafoscópica, respectivamente.
“Tenemos la convicción de que es necesario actuar con absoluta rapidez en virtud de que es importante que el proceso electoral transite por los mejores cauces establecidos en nuestra constitución”, dijo.
Añadió que, derivado del proceso electoral 2015, es decir antes de la transición al sistema penal acusatorio, la Fepade tiene registrados 45 casos de alteración al registro federal de electores.
Durante el foro, al cual asistieron el gobernador Rafael Moreno Valle Rosas, diputados, funcionarios estatales, así como presidentes municipales, el fiscal reconoció que el proceso electoral de este año será complejo e incluso previó que en algunos estados se registren conatos de violencia.
Pidió a los órganos electorales de los estados en donde habrá elecciones que coadyuven de manera coordinada para tener un mejor proceso electoral.
Después de la ponencia se llevó a cabo una sesión de preguntas y respuestas hacia el fiscal, siendo Luis Banck, alcalde de Puebla, el primero en hacer uso de la palabra para cuestionar si actualmente es posible entregar apoyos sociales como tinacos y uniformes, tomando la jurisprudencia que durante el proceso electoral pasado se repartieron pantallas digitales por parte del gobierno federal.
En respuesta el fiscal dijo que: “en un país como México en donde tenemos grandes desigualdades sociales y en donde existen tantas carencias, creo que bajo ninguna circunstancia se puede limitar la acción gubernamental, tiene que seguir desarrollando sus funciones porque de lo contrario se afectarían derechos de corte social, lo que no se puede hacer es condicionar los programas sociales, amenazar a las personas de que se les va a quitar un programa social si no votan por determinado partido político y tampoco presionar a los subordinados”.
Para mayor información:http://www.oem.com.mx/elsoldepuebla/notas/n4128852.htm
