Jorge Rodríguez Corona /A Puerta Cerrada/El Sol de Puebla
“Intercampañas” es el nombre que adoptaron los consejeros integrantes del Instituto Electoral del Estado para llamar al periodo de veda proselitista que se comprende entre el viernes 4 de marzo y el sábado 2 de abril.
Durante este tiempo, los candidatos a gobernador de los diferentes partidos políticos tienen prohibido hacer llamados al voto, encabezar mítines, distribuir propaganda y realizar descalificaciones en contra de sus rivales.
En caso de violentar cualquiera de estas restricciones, y de ser descubiertos, sobre todo, los abanderados incurrirían en actos anticipados de campaña y tendrían que ser sancionados conforme a la ley.
No obstante, eso no significa que tengan que quedarse quietecitos y guardados en casa, o que sus operadores deban mantenerse al margen de otro tipo de labores políticas encaminadas al día de la elección.
El periodo de “intercampañas” puede servir, por ejemplo, para terminar de llegar a acuerdos con los grupos internos que hasta este momento no han decidido o no han querido sumarse a la causa del abanderado, ya sea por la falta de un buen ofrecimiento o por las desavenencias acumuladas en el pasado.
Justo una operación política de esta naturaleza es la que han definido como prioritaria al interior del PAN y el ‘war room’ de su candidato, José Antonio Gali Fayad.
Fuentes confiables aseguran que Jesús Giles Carmona y Martha Erika Alonso, presidente y secretaria general del Comité Directivo Estatal de ese partido, se han propuesto dialogar con los liderazgos del panismo tradicional para que respalden la candidatura del presidente municipal con licencia.
Giles ya se ha sentado con algunos de ellos.
El propósito es concretar un acuerdo para llevarlo en la bolsa al periodo de campañas, que comenzará el 3 de abril.
Por supuesto, personajes como Juan Carlos Espina y Pablo Montiel Solana son importantes, pero el objetivo principal se llama Eduardo Rivera Pérez.
Ante las sospechas fundadas que ubican al ex presidente municipal de Puebla como eventual apoyo de alguna de las dos candidaturas independientes que se prevén más viables para participar en la elección, la de Ana Teresa Aranda y la de Ricardo Jiménez Hernández, se ha vuelto un asunto de primera relevancia llegar a un acuerdo con él.
Por eso es que hasta el senador Javier Lozano se ha pronunciado en favor de una reconciliación con el ex edil.
En eso están los panistas.
Como seguramente los priistas y su candidata Blanca Alcalá Ruiz hacen lo propio con algunos compañeros de partido rebeldes e inconformes.
Para eso, en parte, emplearán el tiempo que aporta el periodo de “intercampañas”.
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Parece que la delegada de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Vanessa Barahona de la Rosa, pretende amarrar su permanencia en ese cargo sumándose a los intereses políticos del priismo en pleno proceso electoral.
Eso no es malo ni genera sorpresa.
Si se rumora que uno de los cambios que están por ocurrir al seno de las delegaciones federales es precisamente el de Barahona, se entiende que la servidora pública pretenda mostrar sus cualidades de priista en favor de las causas de su partido para congraciarse con los personajes que, en el organigrama, se encuentran por arriba de ella.
Esa es una manera legítima de mostrarle lealtad al PRI y de intentar sobrevivir al vendaval de relevos que, se supone, pronto sucederá.
Lo que llama la atención es que ese gesto de complicidad partidista haya sido emprendido desde su posición en el servicio público, y además, a la vista de todos.
Vanessa Barahona ofreció su apoyo a los trabajadores inconformes del ayuntamiento de Puebla empleando un tono, digamos, inusualmente apasionado.
Esto fue lo que escribió en su cuenta de Facebook:
“Repruebo total y absolutamente todo acto de represión y acoso laboral en contra de los trabajadores del Ayuntamiento de Puebla, sindicalizados o no. Por lo que sí (sic) es su desicion (sic), la autoridad federal los acompañará a solicitar acuerdo, propiciar el diálogo para que el presidente Municipal respete sus derechos Laborales. Respeto y dignidad! (sic)”.
La delegada del Trabajo da por sentado que en el gobierno municipal de Puebla se cometen actos de represión y acoso laboral en contra de los trabajadores y se ofrece para servir de mediadora con el edil Luis Banck Serrato, quien, según se interpreta, no respeta los derechos laborales.
Motivos tendrá para hacer estos señalamientos.
La actuación de la funcionaria responde a las acusaciones que han sido vertidas por un grupo de inconformes desde el 2 de febrero, cuando protestó frente al Palacio Municipal.
Justo después del mensaje en Facebook, integrantes del sindicato del ayuntamiento le pidieron a la delegada, también por vía de las redes sociales, que aclarara si asumía esa postura en calidad de funcionaria o de militante del PRI.
La interrogante tiene su origen en la certeza que hay en el ayuntamiento de que los trabajadores inconformes (algunos de ellos ya no laboran ahí) mantienen vínculos estrechos con el ex dirigente Israel Pacheco Velázquez y el PRI, y ante la inexistencia de un procedimiento jurídico que habilitara a la delegación del Trabajo a intervenir en el problema.
Por eso extraña la postura de la delegada.
Si ha decidido enfrentar a un gobierno panista para contribuir a la campaña electoral de su partido, más le convendría hacerlo de manera discreta.
Para mayor información:http://www.oem.com.mx/elsoldepuebla/notas/s1239.htm
