Por Redacción
De los 46 mil trabajadores del estado, 553 se encargan de la contraloría interna, es decir el 1.2 por ciento del total de personal, solo por debajo de Yucatán (1196 personas) y Querétaro (122 personas) que asignaron 2.4 y 1.3 del personal.
Lo anterior, es una muestra que Puebla es uno de los estados más interesados en el combate a la corrupción, detalló en rueda de prensa miembros de ARH consultores, quienes precisaron que a pesar de que hay un reforzamiento en la responsabilidad de apoyar la función directiva, se aseguran que se cumplan los objetivos y metas a través del uso eficaz y eficiente de los recursos humanos y materiales.
Por ello, “resulta imperativo que los servidores públicos cumplan con su declaración patrimonial, ya que es un elemento de control interno en las administración pública estatal que coadyuva el combate a la corrupción sobre todo en el tema de enriquecimiento ilícito”, precisó Germán Reyna y Herrero, director de ARH Consultores.
Reyna y Herrero recordó que con base a la ley de Responsabilidad de los Funcionarios Públicos, también obliga a los funcionarios que encima del nivel de encargados de departamento, agentes del ministerio público y peritos.
Declaración patrimonial hasta el 31 de mayo
Reyna y Herrero precisó que el 31 de mayo vence la fecha, para presentar la declaración de modificación patrimonial, aunque se hubiera presentado declaración entre enero y abril.
La cual deberá incluir las modificaciones del patrimonio del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015, de los 46 mil 94 funcionarios de Puebla.
La declaración consistirá en contraponer el ingreso del servidor público contra los bienes muebles, inmuebles, vehículos, participaciones accionarias, sociales, valores financieros en general adquiridos y vencidos por el declarante, su cónyuge y dependientes económicos, así como las variaciones en inversiones, valores, cuentas bancarias y adeudos.
Cabe recordar que los salarios máximos autorizados por la ley corresponden al gobernador con un sueldo mensual de 123 mil, 3 pesos con 7 centavos; los 12 secretarios quienes reciben 78 mil 296 pesos, y los 26 subsecretarios que ganan 64 mil 173 pesos al mes.
En caso de que algún funcionario incumpla con la presentación será acreedor a una multa de 14 mil 608 pesos, equivalente a 200 salarios mínimos.
Mayo, mes decisivo para la Ley 3 de 3
En el mismo tenor, Reyna y Herrero precisó que la iniciativa 3 de 3, independientemente de su aprobación en el congreso, indica un precedente para las nuevas tendencias de fiscalización que afrontarán los funcionarios públicos, lo cual exige la necesidad de adoptar una cultura del blindaje que fomente la ética y la prevención.
“A pesar de no ser obligatoria aún, esta iniciativa de ley nos está previniendo que a nivel social existe el interés de transparentar cada vez más las acciones de los servidores (…) el hecho de que un servidor público realice ya no sólo su declaración patrimonial, sino de intereses y fiscal, indica la necesidad de conocer cuánto gana, pago de impuestos y relaciones de compadrazgo”, indicó.
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